lunes, 17 de diciembre de 2007

CONADU CONVOCA A JORNADA DE PROTESTA EN RECLAMO DE SEGURIDAD E HIGIENE

LA FEDERACIÓN NACIONAL DE DOCENTES UNIVERSITARIOS CONVOCA A LACOMUNIDAD UNIVERSITARIA A UNA JORNADA DE PROTESTA Y MOVILIZACIÓN ENTODAS LAS UNIVERSIDADES NACIONALES EL 20 DE DICIEMBRE EN RECLAMO DECONDICIONES DIGNAS DE SEGURIDAD E HIGIENE

El siniestro producido en la Universidad Nacional de Río IV, tiene causas sobre las cuales es preciso reflexionar detenidamente, no sólo para señalar con claridad quiénes y en qué grado son los responsables de lo ocurrido, sino para poder tomar las medidasadecuadas a fin de evitar que hechos de esta índole vuelvan a acontecer. La cuestión presupuestaria aparece como una de las causas mas visibles, ya que, como en muchas áreas del Estado, años y años debajos presupuestos han pospuesto una y otra vez las acciones tendientes a regularizar el mantenimiento y la seguridad edilicia, y a asegurar las condiciones y medio ambiente de trabajo. Esta situaciónse ha ido revirtiendo parcial y lentamente en los últimos años; y en el 2007 se comenzaron a distribuir partidas destinadas a la infraestructura edilicia de seguridad en nuestras Universidades Nacionales. Algunas obras están en marcha, y otras en proyecto; pero es evidente que, en la mayoría de los casos, el tema no forma parte de las urgencias, ni encuentra un lugar destacado en la agenda de las instituciones universitarias. Paralelamente, la actividad productiva del país se ha intensificado. Como consecuencia de esto, han aumentado las demandas a las Universidades Nacionales y al Sistema de Ciencia y Tecnología para la resolución de problemas ligados a la producción. No sólo las grandes empresas, sino también las PyMES, las cooperativas, y hasta el Estado Nacional y los Provinciales, han visto en los sectores de producción de conocimiento el lugar donde encontrar apoyo para sus proyectos de desarrollo tecnológico. Si queremos que día a día más argentinos puedan incluirse entre los trabajadores ocupados o mejorarsu calidad de empleo, si creemos, además, que las Universidades Nacionales están llamadas a cumplir un rol destacado en la generación de condiciones que permitan desarrollar un modelo productivo orientadoa la satisfacción de las necesidades populares, no podemos sino desear y alentar el incremento de una actividad de investigación comprometida con estos objetivos. Situar a las Universidades Nacionales en el proceso de reconstrucción del Estado, y en la recuperación de su capacidad de atender los problemas del conjunto de la sociedad, no sólo requiere de investigadores que se dediquen a aquellas cuestiones inmediatamente ligadas a la producción, sino también del trabajo sobre otros problemas sociales, y de nuestra contribución tanto al avance en los conocimientos básicos de todas las disciplinas científicas que seamos capaces de desarrollar, como a la democratización en la accesibilidad de todos los saberes. En este marco, atentos a las características que adquiere en la actualidad la actividad en las universidades, y en vistas a su condición estratégica en una proyección de las trasformaciones que se requieren para promover la democratización de la sociedad en todos los órdenes el imprescindible aumento presupuestario no es suficiente, y cobra relevancia la necesidad de atender a las condiciones en las cuales se desarrolla la tarea universitaria. Es preciso asumir la resolución de las falencias presentes como una responsabilidad de todos los actores involucrados, pero, especialmente, de quienes representan la autoridad pública en las distintas instancias de la organización institucional del Estado. Desde hace años, nuestra Federación impulsa la aprobación de un Convenio Colectivo que incluya un capítulo de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. Estamos convencidos que si no logramos acordar los términos que definan el contenido de este capítulo, será muy difícil avanzar en garantizar los derechos básicos a los trabajadores universitarios y a los estudiantes. Una y otra vez, las autoridades elegidas por las propias comunidades universitarias, se han negado a discutir el tema. Esa es su principal falencia, y el origen de su responsabilidad en este suceso. Lo acontecido en la UNRC , fue un siniestro ocurrido en condiciones de inseguridad. Condiciones que es obligación de las autoridades revertir y evitar, pero que también se generan y se mantienen cuando los propios trabajadores por desconocimiento o por resignación aceptan continuar con sus tareas en situación de riesgo. Por eso, crear conciencia sobre la temática de Condiciones y Medio Ambiente de trabajo requiere también del compromiso de los trabajadores docentes, investigadores y auxiliares, cuya participación en las Comisiones de Seguimiento resulta de la mayor importancia para exigir y promover acciones que aseguren para todos una adecuada capacitación en la materia, y la garantía de su derecho a realizar su trabajo en condiciones dignas de seguridad e higiene. En la medida que no resolvamos esta situación, las Universidades serán, como otros ámbitos laborales, un lugar inseguro, en el que losaccidentes están anunciados en una combinación fatal donde la impericia, la falta de compromiso, y la desidia construyen los escenarios en los que la vida está en riesgo y la salud se deteriora, y donde llevar a buen puerto las actividades exige cotidianamente alos individuos sortear dificultades que serían evitables mediante una adecuada planificación institucional. A las organizaciones que representamos, por decisión de nuestros compañeros, los intereses de los trabajadores, nos corresponde señalar con claridad cuáles son lasresponsabilidades en juego, y proponer las vías para una soluciónefectiva del problema. Si la mera declamación de consignas generales, o la equiparación interesada de lo acontecido con sucesos queresponden a otras causas, sustituye el análisis de la situación, y la consideración concreta de los factores que permiten explicarla, difícilmente podamos producir las modificaciones necesarias para garantizar la continuidad de la actividad de investigación en nuestras Universidades, en condiciones de seguridad para los trabajadores, los estudiantes y la población en general. Es por eso que además de demandar la acción inmediata y efectiva de la Justicia en el esclarecimiento de este hecho - exigimos al CIN que, asuma la responsabilidad que le cabe y, responda sin más dilaciones anuestro reiterado reclamo de discutir, y resolver, en el marco de la Paritaria del Nivel General, el capítulo de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo del Convenio Colectivo del sector. Convocamos, además, a todos los docentes e investigadores de las Universidades Nacionales, a comprometerse en la exigencia de que se constituyan y funcionen regularmente las Comisiones de Seguimiento, en todas lasUniversidades y sus Unidades Académicas, para garantizar, a través dela participación de los trabajadores, la más amplia difusión de las medidas que allí se acuerden, así como la realización de las acciones de capacitación que permitan a todos llevar a cabo sus tareas encondiciones de seguridad.
Carlos de Feo: Secretario General CONADU
Pedro Sanllorenti: Secretario Adjunto

miércoles, 14 de noviembre de 2007

La Franja Morada ante las elecciones estudiantiles 2007

A raíz de las acusaciones que se están vertiendo sobre la FRANJA MORADA por los resultados de las recientes elecciones estudiantiles cabe destacar que en la facultad de arquitectura, (donde se acusa de fraude tanto a la agrupación como a las autoridades) las elecciones fueron organizadas y fiscalizadas solo por la agrupación Arquitectura al Frente.
La acusación cae sobre 129 votos que sufragaron con certificado de alumno regular. Estos certificados fueron entregados por el departamento de alumnos de la facultad ante la presencia de militantes de Arquitectura al Frente. Si estos certificados se dieron de forma anormal, porque en ese momento no se dijo nada y se espero a saber el resultado de las elecciones. Si Hubieran ganado, ¿se hablaría hoy de fraude?
En la elección del año pasado, cuando el hoy centro de estudiantes gano el centro por 20 votos desde la FRANJA no se hablo de fraude, sino que se acato lo que los estudiantes por medio del voto decidieron. Estas son las reglas de la democracia. ¿O solo sirve la democracia cuando se ven favorecidos?
Parece que este es el último intento de mantener el centro de estudiantes después de un año en donde casi no se los vio por la facultad, donde la mayoría de las veces permanecía cerrado durante la mayor parte del día, donde los estudiantes carecieron de respuestas durante todo el año. Esto sumado a que dejaron sin voz a los estudiantes tanto en la elección de decano (donde la quisieron impedirla por medio de la violencia y la toma de la facultad) y la de presidente de la universidad.
Además, en estos momentos Arquitectura al Frente habla de llamar nuevamente a elecciones amparándose en la ordenanza 178 de la universidad. La misma ordenanza que desconoce el mismo grupo de trabajo en la facultad de periodismo, donde para retener el centro de estudiantes se realizo una modificación de los estatutos a las apuradas para no dejar votar a los estudiantes de las extensiones de la facultad. Tratándolos de alumnos “anormales” solo por no cursar en la sede central de la facultad. Entonces cuando le sirve la ordenanza la hacen cumplir, cuando los desfavorece la ignoran.
Cuando uno comienza un proceso electoral tiene que saber que le caben dos posibilidades, ganar o perder. Entonces si los resultados no son los esperados hay que saber aceptar la derrota. No buscar la manera de perpetuarse en el poder a costa de falsedades y denuncias sin sustento, que lo único que hacen es intentar ensuciar una elección que se desarrollo en la más completa calma hasta el momento de saber el resultado.

FRANJA MORADA - Regional La Plata

jueves, 11 de octubre de 2007

CONDENA A VON WERNICH: comunicado de CONADU

CONADU celebra la resolución del Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata, que ayer por la tarde concluyó la sustanciación del juicio en el que la CTA formaba parte de la querella, condenando al ex capellán de la policía bonaerense Christian Von Wernich a la pena de reclusión perpetua, por considerarlo coautor de numerosos homicidios triplemente calificados, así como partícipe necesario de las privaciones ilegítimas de la libertad agravada y de las torturas infligidas a las personas secuestradas en los varios centros clandestinos de detención en los que pudo probarse su participación. Del mismo modo que en el fallo que condenó al ex Comisario Miguel Etchecolatz, el Tribunal resolvió interpretar que estos crímenes de lesa humanidad fueron cometidos en el marco de un genocidio, fortaleciendo con ello una lectura de los hechos que comprende la acción criminal de los individuos como parte de un plan sistemático cuya ejecución involucró una amplia red de responsabilidades.

Precisamente, esta calificación contradice la intención manifiesta en el pronto comunicado emitido por la jerarquía eclesiástica, que se consterna de la irrefutable constatación de la participación de uno de sus integrantes en la comisión de crímenes aberrantes, insistiendo en mantener en un cono de silencio la responsabilidad que le cabe a la institución, cuya complicidad en el montaje del aparato represivo dictatorial resulta manifiesta a través de casos como el de Von Wernich.

El avance en la realización de los juicios penales, y en la condena a los genocidas, es, sin duda, resultado de la persistencia del reclamo y la lucha que logró impedir la consolidación del estado de impunidad que quiso imponerse en nuestro país. Esa lucha construyó en nuestra sociedad un sentido de la justicia ampliamente extendido que hoy puede traducirse en una intervención institucional reparadora, que constituye un punto firme a partir del cual continuar bregando por la satisfacción del reclamo de juicio y castigo a todos los genocidas, por todos los compañeros.

La ausencia de Jorge Julio López en la sala en la que se sustanciaba el juicio es la prueba más dolorosa de las dificultades que aún debe sortear la realización de ese anhelo. La complicidad de distintos sectores civiles con la represión dictatorial, y su responsabilidad en el genocidio, que en este proceso penal quedó una vez más en evidencia, es un dato que no puede ser ignorado. Tanto como los partícipes directos, aquellos que se beneficiaron con la implementación del plan represivo apuestan a bloquear este avance. El intento de instalar el miedo, el ocultamiento de pruebas y de información, la pretensión de presentar la legítima búsqueda de justicia como si fuera un modo del revanchismo y un factor de desestabilización, la insistencia de algunos voceros en proponer una “reconciliación” sin memoria, son estrategias tendientes no sólo a impedir la revisión de los crímenes pasados, sino a condicionar las posibilidades del avance en la modificación de sus efectos, prolongados\n en la persistencia de las condiciones que reproducen la pobreza y la desigualdad en nuestra sociedad. "

Precisamente, esta calificación contradice la intención manifiesta en el pronto comunicado emitido por la jerarquía eclesiástica, que se consterna de la irrefutable constatación de la participación de uno de sus integrantes en la comisión de crímenes aberrantes, insistiendo en mantener en un cono de silencio la responsabilidad que le cabe a la institución, cuya complicidad en el montaje del aparato represivo dictatorial resulta manifiesta a través de casos como el de Von Wernich. El avance en la realización de los juicios penales, y en la condena a los genocidas, es, sin duda, resultado de la persistencia del reclamo y la lucha que logró impedir la consolidación del estado de impunidad que quiso imponerse en nuestro país. Esa lucha construyó en nuestra sociedad un sentido de la justicia ampliamente extendido que hoy puede traducirse en una intervención institucional reparadora, que constituye un punto firme a partir del cual continuar bregando por la satisfacción del reclamo de juicio y castigo a todos los genocidas, por todos los compañeros. La ausencia de Jorge Julio López en la sala en la que se sustanciaba el juicio es la prueba más dolorosa de las dificultades que aún debe sortear la realización de ese anhelo. La complicidad de distintos sectores civiles con la represión dictatorial, y su responsabilidad en el genocidio, que en este proceso penal quedó una vez más en evidencia, es un dato que no puede ser ignorado. Tanto como los partícipes directos, aquellos que se beneficiaron con la implementación del plan represivo apuestan a bloquear este avance. El intento de instalar el miedo, el ocultamiento de pruebas y de información, la pretensión de presentar la legítima búsqueda de justicia como si fuera un modo del revanchismo y un factor de desestabilización, la insistencia de algunos voceros en proponer una “reconciliación” sin memoria, son estrategias tendientes no sólo a impedir la revisión de los crímenes pasados, sino a condicionar las posibilidades del avance en la modificación de sus efectos, prolongados en la persistencia de las condiciones que reproducen la pobreza y la desigualdad en nuestra sociedad.
La condena a Von Wernich es, para todos los que queremos justicia e igualdad, un paso histórico que fortalece la determinación de no retroceder en este camino.

Secretaría General CONADU
Secretaría de Prensa CONADU

lunes, 17 de septiembre de 2007

La UNLP se suma al reclamo por la aparición de Jorge Julio López

El presidente Azpiazu reiteró el reclamo de la comunidad universitaria por la aparición con vida del testigo clave en el juicio contra Miguel Etchecolatz

"El próximo martes 18 de septiembre se cumple un año de la desaparición de Jorge Julio López, cuyo testimonio durante al juicio al represor Miguel Osvaldo Etchecolatz resultó clave para que este fuera condenado a reclusión perpetua.Este hecho nos lleva a realizar una serie de reflexiones:El proceso al ex comisario tuvo características históricas. En primer lugar, porque fue el segundo realizado luego de la anulación de las llamadas leyes de impunidad - Obediencia debida y Punto Final- y de declaración de inconstitucionalidad de las mismas y, el primero de estas características celebrado en La Plata. En segundo lugar, porque Miguel Etchecolatz no sólo fue condenado por los homicidios calificados de seis personas -además de dos hechos de secuestro y torturas-, sino que el Tribunal Federal Oral Nº 1 de la Plata estableció que estos delitos habían sido cometidos "en el marco del genocidio cometido en la Argentina entre los años 1976 y 1983", estableciendo que los actos del ex Director General de Investigaciones de la Policía bonaerense formaban parte de un plan de exterminio sistemático. En tercer lugar, es un hecho especialmente importante para nosotros, porque varias de las víctimas de este genocida formaron parte de nuestra comunidad universitaria.Lamentablemente, en el momento en que iban a ser leídos los alegatos de dicho proceso también se conoció la desaparición de Jorge Julio López.A partir de allí se recrudecieron las intimidaciones y amenazas a actores fundamentales en estos procesos entre los que cabe mencionar, a los jueces del tribunal, fiscales, abogados, testigos y querellantes de las causas contra los represores.También los miembros de esta Casa de Alto Estudios fueron amenazados, entre ellos la Presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo y Doctora Honoris Causa de la UNLP Estela Barnes de Carlotto, así como estudiantes Bellas Artes, Periodismo y Trabajo Social, entre otras.Asimismo en el período, fue dañado el monumento en memoria de los detenidos-desaparecidos y asesinados víctimas del terrorismo de estado de la UNLP, ubicado en los jardines del frente del edifico de la presidencia y, una cruz esvástica fue pintada sobre las placas de homenaje a los desaparecidos del Jardín de la Memoria, de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales.Pese a estas acciones intimidatorias, la comunidad reafirmó su compromiso con la verdad y la justicia, lo que se expresa en el avance del proceso contra el ex capellán de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Von Wernich.Un año después de la desaparición de López, la Universidad debe resaltar la gravedad de este hecho, reiterar su enérgico reclamo por su aparición con vida y exigir se arbitren los medios necesarios para que estos hechos y las restantes intimidaciones no queden impunes.Asimismo, corresponde manifestar nuevamente el apoyo incondicional a las acciones judiciales tendientes a obtener la condena de los autores de los crímenes de lesa humanidad entre los cuales se cuentan más de 700 miembros de nuestra comunidad universitaria."




Gustavo Adolfo Azpiazu, presidente de la Universidad Nacional de La Plata

martes, 28 de agosto de 2007

Ley de Educación: Informe preliminar del CIN

Esta es una síntesis de los temas consensuados en la reunión de Rectores de las Universidades Nacionales agrupados en el CIN.

Reunión del Consejo Interuniversitario Nacional
Vaquerías, 23 y 24 de agosto de 2007

En Vaquerías, provincia de Córdoba, se reunió el Consejo Interuniversitario Nacional en Sesión Plenaria de Rectores para debatir los lineamientos generales para una Ley de Educación Superior. Con la asistencia de representantes de todas las Universidades que lo integran, la discusión se produjo durante dos intensos días, habiéndose arribado a consensos sobre los temas centrales sometidos a consideración, según se detalla a continuación:

CUESTIONES CONCEPTUALES GENERALES

*La educación superior como bien público.
* Hubo unanimidad en reafirmar el concepto de la educación superior, al igual que los otros niveles educativos, como derecho personal y social, y como bien público, descartando su inclusión como mercancía o servicio susceptible de ser comercializado.

Gratuidad y equidad.
* El Estado, en sus distintas instancias, tiene la responsabilidad principal e indelegable de proveer una educación integral, permanente y de calidad para todos los habitantes de la Nación, garantizando la igualdad, gratuidad y equidad en el ejercicio deeste derecho, lo que resulta aplicable a la educación superior, por lo que la Ley debe asegurar claramente la gratuidad de los estudios de grado, estableciendo la equidad cono un principio ético o de justicia en la igualdad. Para garantizar la igualdad de oportunidades debe establecerse una política universal de becas.

Autonomía
*. La Ley deberá garantizar la autonomía universitaria, tal como lo establece la Constitución Nacional, que comprende a las universidades nacionales, provinciales e institutos universitarios públicos. La autonomía comprende la posibilidad de autodeterminación en lo normativo, lo institucional, lo político, lo administrativo y lo académico, y por lo tanto, la capacidad de resolver los problemas, promover cambios y lograr una verdadera articulación consensuada con los diferentes actores sociales, siendo uno de los pilares más importantes de la universidad pública.

**Autarquía.
* La ley de educación superior deberá establecer la autarquía entendida como la facultad de las universidades para auto administrarse, con responsabilidad social, transparencia y pertinencia, tanto en lo que atañe a sus afectaciones presupuestarias como así también en lo referente a los recursos propios en el marco de la obligación indelegable del Estado de proveer los fondos necesarios para el funcionamiento de las universidades nacionales e Institutos Universitarios.

CARACTERÍSTICAS DE LA LEY
Consideraciones generales.* La ley deberá garantizar los principios antes expuestos, evitando que las reglamentaciones avancen sobre las atribuciones de las universidades nacionales para decidir sobre sus cuestiones institucionales y académicas. Debe ser consensuada con la comunidad universitaria, tiene la obligación de promover la igualdad real de oportunidades educativas para toda la población, haciendo efectivo el valor de la inclusión social, la creación de sistemas que aseguren la calidad y la eliminación de las inequidades de acceso y la mejora de la permanencia y graduación. Debe ser una ley que exprese las diferentes particularidades de las universidades. El excesivo reglamentarismo afecta a la autonomía universitaria.
El cogobierno universitario estará integrado básicamente por docentes universitarios, alumnos, no docentes y graduados, asumiendo que las formas particulares de gobierno, los sistemas de elección de las autoridades, la duración de los mandatos, la composición de los órganos colegiados y la distribución de sus integrantes, los sistemas de ingreso y la representación de la comunidad deberán estar normados por los estatutos de cada universidad. Alcances de la ley de educación superior.

* Se acuerda con una ley de educación superior que contenga los instrumentos de articulación entre las distintas modalidades de la Educación Superior, así como con los otros niveles educativos. Debe tomar en cuenta las particularidades de las instituciones universitarias nacionales y provinciales y establecer garantías de calidad y compromiso social, tanto para universidades públicas como privadas. Los organismos de coordinación (C. de U., CPRES) del sistema deben asegurar una participación acorde con el servicio que presta cadasector.
Se destaca la necesidad de establecer claras políticas de apoyo para el fortalecimiento de la formación docente en el ámbito de las universidades con una participación efectiva de las UUNN en los programas nacionales de mejoramiento docente asentados en los Institutos Superiores, previstos por la LEN. Se acuerda en la necesidad de la existencia de un organismo oficial único de evaluación y acreditación integrado mayoritariamente por representantes de las universidades nacionales.

CUESTIONES DE ÍNDOLE PRESUPUESTARIA Y ADMINISTRATIVA:

Financiamiento.

* El presupuesto universitario debe garantizar la prestación de un servicio de calidad, en todas las funciones universitarias a través de mecanismos de concertación en la distribución de los fondos, en los que participe el CIN, tomando en cuenta pautas objetivas y prever una inversión sostenida que garantice recursos previsibles y estables mediante instrumentos normativos específicos para la educación superior. Por último, debe destacarse que la creación de nuevas universidades deberá considerar el financiamiento que garantice su funcionamiento, sin que se afecten las disposiciones y requerimientos presupuestarios de las universidades existentes; esas nuevas presupuestaciones deben prever la cobertura completa y suficiente para el desarrollo de las actividades de docencia, investigación, cooperación y extensión.

Programas.

* Si bien se reconoce que los poderes públicos pueden orientar recursos para programas especiales, acorde con sus políticas públicas respectivas y con la participación del CIN y las universidades, se hace necesario que la Ley de Educación Superior priorice la asignación de estos recursos a las universidades, para que éstas los utilicen según las prioridades establecidas en sus respectivas planificaciones estratégicas.

Descentralización salarial.

* Debe preservarse este principio, pero incluyendo instrumentos que aseguren la articulación de la negociación colectiva y la participación del CIN en la definición de las políticas salariales.

*Intervención y control.

* Cada universidad debe disponer de sus mecanismos de control y auditoría internos; los controles externos deben ser los correspondientes a la Auditoría General de la Nación; dado que las asignaciones presupuestarias provienen del Poder Legislativo.

martes, 14 de agosto de 2007

Comunicado de Prensa de Franja Morada sobre declaraciones del Decano de Ciencias Económicas

Desde la Franja Morada Regional La Plata, debemos expresar nuestro mas profundo rechazo y desagravio a las lamentables declaraciones que el Decano de la Facultad de Ciencias Económicas formulara al diario Hoy del día Martes 14 de Agosto, sugiriendo la posibilidad de Arancelamiento como forma de financiamiento de la Universidad, además de hacer una defensa de los Postgrados arancelados y de la CONEAU como órgano de Planificación de la Educación Universitaria.
Es claro que estas expresiones van en contra de principios instalados en la Universidad Argentina a partir de la Reforma de 1918, y que tanto costo sostener a lo largo de la Historia, como el acceso LIBRE y la AUTONOMIA UNIVERSITARIA, y la GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA, principios que la Franja Morada defendió desde sus comienzos y SEGUIRA DEFENDIENDO.
Por nuestros principios Democráticos, aceptamos la Libertad de expresión, pero son esos mismos los que nos obligan a llamar la atención a la comunidad Universitaria cuando algún intento de destrucción de la Universidad Publica y Gratuita avanza sobre ella y se quiere perpetrar.

FRANJA MORADA Regional La Plata
Ayer, hoy y siempre, en defensa de la Educación Pública de acceso Libre y Gratuito, y de la Universidad Autónoma y Democráticamente cogobernada, como herramienta de Independencia y transformación Social.

Tema arancelamiento: Comunicado de prensa en respuesta a la postura del Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP.

Desde el movimiento universitario Sur repudiamos en su totalidad las palabras del Decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Luis Scuriatti. No es casual que mientras algunos sectores nos encontramos dando la discusión hacia adentro de la Universidad para que ésta abra las puertas al pueblo, otros, intenten cerrarlas proponiendo aranceles.
La década pasada trajo consigo la exclusión del derecho a la educación de los sectores populares, aumentó el analfabetismo, la deserción y la Educación Superior sufrió la ausencia de un proyecto que aporte a una estrategia de desarrollo nacional con compromiso social.
Hoy, la discusión debe avanzar en sentido de reconstruir la Universidad y no de terminar de alejarla de la sociedad. En este momento, resulta clave la restauración de la educación pública en todos sus niveles.
Scuriatti afirmó que el arancelamiento sería una posible vía de ingreso a la Universidad, lo que no dice es que este posible ingreso sería para unos pocos y las mayorías continuarían postergadas.
En cuanto a los posgrados, desde el Movimiento Sur estamos convencidos que éstos deben ser gratuitos y no somos ni “extremistas” ni” revoltosos”; somos actores políticos que tenemos un proyecto de universidad, que al parecer molesta bastante al Decano de la Facultad de Economía. No entregaremos nuestra Universidad, lucharemos por ella y daremos batalla a aquellos que intentan imponernos un proyecto de universidad excluyente.
El Decano de la Facultad de Ciencias Económicas, habla de autonomía afirmando que la Universidad tiene la capacidad de saber cuáles son las demandas de nuestro pueblo. Esto es una mentira, la Universidad es una isla que va en sentido contrario a nuestro pueblo, la autonomía a lo largo de estos años sólo ha servido para que la Universidad se mire el ombligo. Creemos en la autonomía, pero responsablemente. Queremos una Universidad que aporte a la reconstrucción de nuestra patria, con proyectos claros y con un dialogo directo con la sociedad. ¿Cómo podría saber la Universidad cuántos contadores faltan o sobran si no está en relación con las demandas de nuestro pueblo?. Tenemos que empezar por reconocer que somos parte fundamental del Estado y del país y en función de eso repensar la Universidad.
Necesitamos un modelo educativo que debe convertirse en un pilar de la transformación del Estado y la sociedad que necesitamos. Que sea una poderosa arma de inclusión e igualdad social, económica y cultural. Una educación pública popular que aporte a la formación de una nueva conciencia histórica nacional, soberana e independiente. Que promueva y garantice la participación social y ciudadana en la solución de los problemas de nuestra patria.
Ya no queremos que sigan existiendo dentro de la Universidad actores empeñados en rematar nuestra educación. O la Universidad abre sus puertas al pueblo o el pueblo las derribará.
Movimiento Universitario Sur

martes, 7 de agosto de 2007

Nota de Opinión: DUENDES EN LA FLORESTA por Mario R. Féliz

El Dr. Mario R. Féliz es Profesor Titular Dedicación Exclusiva de Química Inorgánica, Investigador Principal CICBA INIFTA- Fac.Ciencias Exactas-UNLP
mfeliz@ciudad.com.ar

De duendes y trasgos
muchedumbre vana
se agita y se afana
en pos de su señor
José de Esponceda

El basural encantado

Aquella Navidad de 2005 en La Floresta[1], en los aledaños del Volcadero municipal de Paraná, los vecinos habían construido un gran árbol de Navidad. Lo habían hecho convirtiendo botellas vacías y envases de leche en adornos policromos. Las luces que trepaban por los alambres del fingido follaje, le daban el toque mágico necesario. Una novedad en el paisaje atrayente, seguramente, para los curiosos seres elementales[2].
Cierto es que, desde un par de días antes de fin de año, las gentes del lugar y especialmente los chicos pudieron observar como subían y bajaban del árbol artificial, jugaban con los adornos y se burlaban de los curiosos mostrando su lengua. Aunque, allí no terminaba la actuación, cuando las luces eran apagadas los pequeños la emprendían a cascotazos con los circundantes.
El espectáculo se repitió durante varias jornadas. Asustados los vecinos llaman a la policía que acomete a los tiros contra los revoltosos quienes, a su vez, corren a los uniformados a cascotazos.
Finalmente, para desprenderse de las molestas criaturas talan los árboles donde se refugiaban aquellos traviesos duendes blancos, quienes luego de tal embate no regresarán. A todo esto, es justo recordar, que los testigos del inesperado espectáculo no eran un par sino casi un millar. Tantas personas no pueden equivocarse. ¿O podrían?

Puedo asegurar que, de acuerdo con el más fundado conocimiento que hoy se tiene de los habitantes del País de las Hadas, el comportamiento de los pequeñines del basural, del balcón verde del Paraná, fue semejante al de la mayoría de los duendes o trasgos, hasta hoy conocidos. Sabido es, también, que los elementales, a quienes la teoría más generalizada considera seres intermedios entre el hombre y los ángeles, son juguetones, les encanta, además, confundir, asustar y asombrar a los humanos con trucos, invenciones y juegos[3].

Para algunos estudiosos, por otra parte, los trasgos no son espíritus malignos o diablos, porque si bien arrojan a las personas “grandes piedras, fragmentos de madera y terrones del suelo, no los golpean, como si su forma de actuar no fuera la maligna de los diablos, sino la burlona de los bufones y payasos”. También su tamaño, entre 50 y 80 cm de altura, concuerda perfectamente con la fisonomía de la gran mayoría de los duendes.
Queda un sólo asunto que debilita esta historia. Se trata del color que, los testigos, atribuyen a los duendes de La Floresta. Hasta donde me fuera posible averiguar no existe evidencia de que alguna vez, en algún lugar, se hubiesen avistado duendes de color blanco. Por el contrario, toda la información disponible certifica que, usualmente, su piel es oscura y su vestimenta roja o multicolor. Aunque, en este tema, los Elfos de la luz (liosalfar) son una excepción. No obstante, deben descartarse porque no son pequeños sino que tienen el tamaño de los hombres.
Pero duendes! ¿De qué vale mi duda cromática frente ante la indubitable convicción de un millar de habitantes de La Floresta y barrios aledaños?
Dudas aparte, hay algo muy interesante que vale la pena investigar: ¿qué les hizo ir al Volcadero? En primer lugar, no ha de olvidarse que los elementales pueden ser convocados, consciente o inconscientemente, por los humanos.
Usualmente se mantienen invisibles, salvo para algunos niños y animales. Por ejemplo, sabemos que una casa puede estar llena de duendes aunque estos no aparecerán, “hasta el momento en que algo en la decoración o el mobiliario cambie y la convierta, súbitamente, en un lugar suficientemente atractivo para ellos”.
Es posible que aquel árbol navideño, con sus luces y colores, produjera una transformación tal del lugar que acabó convirtiéndolo en una irresistible atracción para los trasgos del monte circundante. En segundo lugar, hay algo más que no puede ignorarse. Tales criaturas tienen lo que hoy llamaríamos un fuerte comportamiento ecológico porque son parte de la Naturaleza y no sobrevivirían sin ella, como los hombres. Por lo cual, conjeturo, que tal vez han querido, con tamaño alboroto, llamar la atención sobre el Volcadero.

Hacerse humo

La linda ciudad de Paraná lleva ochenta años acumulando basura a cielo abierto en un terreno ubicado a menos de dos mil metros del río y a poco más de 20 cuadras del centro. En la actualidad arriban al basural entre 300 y 400 toneladas de residuos sin clasificar y sin tratamiento alguno. Gracias a ello, cirujas y cartoneros hacen de los desperdicios su modo de sobrevivencia, dedicándose a la recolección de reciclables. Aunque, no son pocos los que también obtienen parte de su comida de entre los restos de alimentos que encuentran en el lugar. Las consecuencias en enfermedades, disminución de la expectativa de vida y otras calamidades que se observan entre los que viven de esa actividad fueron analizadas hace años por la UNER[4].
No obstante, los problemas del basural no se reducen a afectar a los que allí trabajan o a los vecinos más cercanos (ubicados entre el basural y el Arroyo Antoñico). En realidad, el efecto se extiende a una gran parte de la población de la ciudad.
En estos volcaderos de residuos domiciliarios se produce la quema de buena parte de la basura acumulada. Según una estimación de la SAyDS[5] en ciudades del tamaño de Paraná hasta el 50% de la basura resulta quemada en forma no controlada.
Desde hace un par de años la prensa paranaense comenzó a ocuparse del humo que se produce en el basural y que, periódicamente, invade casi toda la ciudad como una niebla pestilente y tóxica. ¿Cuál es el grado de toxicidad y el daño que el humo invasor puede causar en la población?
En el trabajo de la UNER se compara la salud de los que trabajan en el basural con un grupo de personas de otro barrio de Paraná que no trabajan alli. Se observan, en el grupo de riesgo, aumentos significativos de ciertas enfermedades respiratorias. El trabajo, sin embargo, no permite apreciar cuál es el efecto sobre el resto de la población. De todas formas, es probable que entre aquellos que tengan que respirar el humo con frecuencia se observe un aumento de los trastornos respiratorios.
Es bien conocido que, cuando se quema basura domiciliaria, se producen más de 200 productos químicos orgánicos[6], entre otras substancias peligrosas. Mencionaré aquí solamente un par de ellos: Antraceno (cancerígeno), cloroacetofenona (muy tóxico, arma química), dioxinas y furanos( ambos canerígenos, toxicos, etc). Pondré el acento en estos últimos.
Difícilmente haya quien no conozca la relevancia que tomaron las dioxinas (y furanos) en la discusión por las pasteras del Uruguay. La supuesta emisión de tales compuestos fue el caballo de batalla de nuestros guerreros de papel. No obstante, está probado que las plantas, con la tecnología que tiene la fábrica que pronto comenzará a producir en Fray Bentos, no generan dioxinas en cantidades detectables por los métodos de análisis más sensibles existentes[7].
En una nota anterior donde analicé el tema[8], comenté cuales eran las principales fuentes de dioxinas . Hoy insistiré en que la segunda fuente dioxinas, por su importancia, es la quema de residuos domiciliarios. En ese sentido, según la estimación de la SAyDS[9], por cada tonelada de desechos domésticos quemados en forma no cotrolada (como en el Volcadero de marras) se emiten a la atmósfera 300mg EQT/tonelada y quedan como sólidos 600mg EQT/ton. Los residuos sólidos serán lavados, por las lluvias, hacia los rios vecinos o lixiviados hacia las napas de aguas subterráneas.
En definitiva, si admitimos que, de las 400 ton depositadas diariamente, 150 ton se hacen humo, la Municipalidad de Paraná está fumigando a los habitantes de la capital entrerriana con, aproximadamente, 0,05 g EQT por dia (EQT = Equivalente Tóxico), es decir, algo así como 18g de dioxinas totales por año. Una cantidad 100 veces mayor que el límite máximo permitido por la DINAMA de Uruguay, en consonancia con los protocolos de Estocolmo, para los efluentes líquidos de la fábrica de celulosa[10].

El Troll de dos cabezas.

Los trolls son personajes de la saga de Tolkien, una raza maligna de la Tierra Media, originalmente concebidos por Morgoth en la Primera Edad, a partir de un linaje desconocido[11]. Por otra parte, Canales y Callejo[12] los mencionan, sin mayores aclaraciones, como duendes de origen Suizo. Sin embargo, Borges[13] los describe como elfos malvados y estúpidos, que viven en grietas o en viejas y desvencijadas casas. Destaca, asimismo, que los mas distiguidos pueden tener dos o tres cabezas.
Al leer el relato de Borges, imaginé que aquellos trolls con dos cabezas podrían hacer cosas opuestas sin mayores problemas. Dos seres normales que juntos daban vida a un cuerpo bicéfalo esquizofrénico
El gobernador Busti, a quien llaman el Chino, ha sido uno de los principales sponsors de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú. Muy pronto comprendió, como avezado político, que apegarse a la verdad y apartarse de la demagogia podría implicar altos costos políticos. Seguramente, tiene siempre presente aquello de: primero los hombres, después el movimiento y finalmente la Patria.
Entre los dirigentes de la “Asamblea” las opiniones sobre el Chino siempre estuvieron divididas. No obstante, el gobernador invirtió e invierte fondos públicos en su sostenimiento. No es secreto que ha financiado a Romina[14], que subsidia las actividades de la Asamblea[15] y que ha puesto abogados de la gobernación a su servicio. A ello deben sumarse los aportes del gobierno Nacional (por ejemplo, la cesión espacios en radio y TV) y el multifacético aporte del gobierno local. ¡Y, no olvidar la desinteresada contribución de algunos “civilizados capitalistas” lugareños! Hay quienes, tal vez, les sería útil recordar que el negocio siempre termina en manos de quien lo financia.
Pero el Chino no se ha contentado con bancar a la “Asamblea”. Ha sido un entusiasta difusor y defensor de las patrañas sobre contaminación originadas en ella. Su irresponsabilidad ha llegado al ridículo de promover un juicio contra la empresa finesa por “contaminación en carácter de tentativa”. La justicia provincial no ha respondido a la presentación, aún.
Tanto dinero y energía invertidos porque algunos cientos de parroquianos afirman ver brujas en los alrededores de Yaguarí Guazú. ¡Sorprendente! Es como creer en la existencia de duendes, porque algunos cientos afirman haberlos visto en el basural de Paraná.
A pesar de todo, la gravedad de la conducta del gobernador se hace patente cuando vemos que hasta el momento nada serio se ha hecho para resolver el problema de la niebla tóxica que traen, en Paraná, los vientos de occidente.
Desde hace varios años se habla de fondos del BID para el “proyecto de mitigación de los efectos del Volcadero”. No obstante, en las últimas semanas se hicieron evidentes las diferencias entre los gobernantes. La Municipalidad afirma que la documentación estaba toda entregada, la Provincia acusa a la Nación por las demoras y la Nación……..En definitiva, nada.
La Justicia local ha pedido a la Comuna de Paraná que evite los incendios en los basurales y los erradique. Aquí son los gobernantes quienes no responden. El pedido judicial es en plural porque, además del Volcadero, existen veinte y tantos “micro” basurales[16] en la ciudad. Uno de ellos se encuentra ubicado en la céntrica avenida Gral Urquiza, a menos de dos cuadras de la histórica Plaza 1ro. de Mayo.
Parece más fácil trasladar el Volcadero, vecino a la Gobernación, que la planta de Fray Bentos, y mucho más barato. Pero, el Chino, ha de ser amante de los grandes emprendimientos y reclama el traslado de Botnia, que se encuentra en Uruguay.
La autoridades han informado que el fuego en el basural tiene causas naturales, ya que la fermentación de la basura orgánica, en ausencia de oxígeno (anaerobiosis), genera gases inflamables como el metano (además importante gas invernadero) que se enciende por diversos motivos. Asimismo, señalan que los cirujas producen quemas para poner al descubierto los objetos metálicos para su reciclado.
Más allá de las razones dadas, no deberíamos olvidar que los duendes no temen al fuego y que bién podrían ser ellos quienes causaran los incendios y que, como conocen y usan los elementos y leyes de la Naturaleza para conseguir sus objetivos, probablemente fueran el origen del viento del oeste que lleva el humo hacia la ciudad. ¡Nada más que por diversión!
No puedo sino avalar esa tésis, que explicaría su presencia en el basural. Los duendes son éticamente neutros y representan todos los aspectos de la Naturaleza a la que están unidos en forma inherente y esencial. Pero, carecen de conciencia por lo que no distinguen el bien del mal y todo lo hacen por diversión. ¿Duendes ecologistas? ¡Qué va!¡Pura fantasía!

Referencias
[1] La Floresta es un barrio de Paraná, nacido a la vera del Volcadero Municipal.
[2] www.novanoticias.com.ar , www.eloncedigital.com.ar y www.diariovictoria.com.ar . Notas publicadas los primeros días de enero de 2006.
[3] DUENDES. Guia de los seres mágicos de España. C.Canales y J. Callejo. EDAF
[4] Incidencia de las condiciones ambientales en la salud del trabajador ciruja del Volcadero Municipal de Paraná. Trabajo Social. Universidad Nacional de Entre Rios (UNER).
[5] Inventario Nacional de Liberaciones de Dioxinas y Furanos. Argentina 2001. Publicado junio 2004.
[6] Junk, G y Fordk, S., publicado en Chemosphere 1980
[7] EL RIESGO AMBIENTAL EN LA PRODUCCIÓN DE CELULOSA, por M.R.Féliz. www.mitosyfraudes.org
[8] El Quinto Jinete, por M.R.Féliz. www.profefeliz.blogspot.com
[9] Trabajo ya citado
[10] Ver referencia 7
[11] Guía completa de la Tierra Media, Robert Foster. Minotauro.
[12] Obra ya citada
[13] The book of Imaginary Beings, Jore Luis Borges. Penguin.
[14] Romina Picolott, Secretaria de Estado
[15] www.losprincipiosonline.com.ar . 03/08/07
[16] Desrrollo Urbano integral del Nuevo Parque Termal de Paraná. Plan Maestro. Sub.Planificacion y Gestión de Desarrollo. Municipalida de Paraná.

jueves, 12 de julio de 2007

¿Que es lo que debemos debatir hoy en la UNLP?

Desde el Movimiento Universitario SUR entendemos que todos los sectores que supimos resistir al neoliberalismo, que dimos pelea para que este no se manifieste en lo que finalmente fueron las leyes Federal de Educación y de Educación Superior, que estuvimos junto a nuestro pueblo en las gloriosas jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001, en definitiva, los sectores que desde el pueblo siempre peleamos por una Argentina para todos y todas, hoy debemos comprender el nuevo escenario en el cual estamos insertos.

En Latinoamérica toda, y en nuestro país en particular, hay vientos de cambio. Debemos ser todos aquellos que supimos resistir durante años a la entrega de nuestro país y de todas sus instituciones los que debemos aportar fuertemente a la reconstrucción de la Argentina.

No son las estructuras políticas tradicionales las que podrán dar respuesta a nuestro pueblo, ni tampoco las que aporten a la reconstrucción de una nueva Universidad. La democratización de la UNLP no la tendremos poniendo a la policía, como así lo creen algunos, ni tampoco, por otra parte, como plantea la Federación Universitaria de La Plata (FULP) impidiendo sistemáticamente la posibilidad de discusión genuina, queriendo traccionar la realidad hacia sus intereses sectoriales; tampoco lo haremos sesionando por internet.

En la UNLP existen condiciones para aportar a una transformación para bien, para nuestro pueblo. Creemos que el movimiento estudiantil puede dar un gran aporte a la universidad en la cual éste sea protagonista de la reconstrucción social. Sabemos que esto se torna complejo, viendo que hacia dentro del movimiento estudiantil hay sectores que solo están pensando en el escenario electoral de cara a las elecciones de la Federación Estudiantil. Esto es lo que no debemos hacer y que los medios de comunicación se encargan de difundir (esperamos mayor seriedad de parte de estos últimos, viendo que hay temas muy sensibles que hacen a la vida universitaria).

Hoy tenemos la reforma del Estatuto como posibilidad para transformar la Universidad. Creemos que la discusión debe ser entre todos los que integramos la vida cotidiana de nuestra universidad (alumnos, docentes, no docentes, etc.), pero también debe estar presente la realidad que esta por fuera de las paredes de la UNLP. Así, los movimientos sociales deben estar discutiendo a la par nuestra (¿quienes sino ellos dieron respuesta a su pueblo cuando este caía en el hambre y la miseria y hoy necesitan del asesoramiento técnico para desarrollar el cooperativismo en cada uno de los barrios de la zona?), también las pequeñas y medianas empresas (quienes sostendrán un nuevo sistema productivo necesarios para levantar a nuestro país y de paso a la distribución de la riqueza?), también todo el movimiento estudiantil que quiere una nueva “extensión” universitaria, vital para nuestra formación, participación y relación con los problemas de nuestro pueblo.

Nuestra Universidad se encuentra atravesada por debates muy importantes. Es necesario estar a la altura de los acontecimientos, y no desconocer o interpretar como queramos lo que claramente dice nuestro pueblo

Ignacio Galarreta
Movimiento Universitario SUR

viernes, 6 de julio de 2007

Compromiso del CIN sobre la reforma de la Ley de Educación Superior

Este es el texto del compromiso del Consejo Interuniversitario Nacional, sobre el cual se dio por iniciado el proceso de reforma de la Ley de Educación Superior:

Acuerdo Plenario Nº

Art. 1º: Expresar el compromiso del CIN ante la comunidad universitaria de elaborar lineamientos para una propuesta de reforma centrada en diversos aspectos y capítulos de la Ley de Educación Superior Nº 24.521, para lo cual se tomará como base el documento adjunto y los diagnósticos, debates y propuestas que hayan producido o que produzcan las distintas instituciones universitarias públicas.

Art. 2º: Reafirmar ante las autoridades educativas nacionales la intención del CIN de comprometer su participación activa en la elaboración de una propuesta de reforma de la LES.

Anexo Ac. Pl. Nº

ANÁLISIS DE LA LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR Nº 24521

Este plenario extraordinario sobre la Reforma de la Ley de Educación Superior constituye un primer paso en un largo camino que el CIN debe transitar para poder iniciar la construcción de un documento conjuntamente con los distintos sectores que conforman el sistema universitario.

Es evidente que antes de iniciar la discusión específica de los distintos temas enviados debemos plantearnos qué Universidad queremos para el futuro, sin olvidar que su construcción es un proceso continuo que implica el trabajo conjunto de todos los integrantes de la comunidad universitaria y la sociedad.

Esto sólo podrá llevarse adelante con el aporte de todos, porque las aspiraciones del conjunto de las universidades deben quedar reflejadas e interpretadas, en tanto compartimos el deseo de vivir y trabajar en una sociedad mejor y más justa, que brinde oportunidades para recuperar un país integrado, sin exclusiones, con una Universidad protagonista y posicionada en los mejores niveles nacionales e internacionales.

Así, desde hace varios meses se está trabajando en todos los sectores de la comunidad universitaria para formular propuestas referidas a los cambios necesarios para adecuarse a la nueva realidad.

Es necesario debatir el perfil que tendrán las Instituciones Universitarias públicas en las próximas décadas, teniendo en cuenta el contexto actual. Creemos que en los últimos años ser han experimentado significativas transformaciones en los procesos intelectuales, que han cambiado la forma de ver y pensar el entorno. Esta nueva visión se caracteriza por la complejidad, la diversidad, la interdependencia, la incertidumbre y la inestabilidad, entre otros factores.

Simultáneamente, los procesos de globalización económica y mundialización cultural, abrieron nuevas fronteras al intercambio humano y a la movilidad mundial, tanto de bienes como de ideas, cobrando importancia y valorización el conocimiento, las tecnologías de la información, la comunicación, la educación permanente, haciéndose notar sus efectos en todas las dimensiones de la vida humana.

A causa de estas transformaciones, actualmente vivimos en un mundo de alta interrelación, en permanente y cada vez más acelerado proceso de mutación, con tasas de evolución altamente dinámicas.

En consecuencia estamos inmersos en un mundo nuevo al que debemos integrarnos, incorporando lo mejor del intercambio, pero preservando nuestra cultura.

Los avances tecnológicos han sido una constante en los últimos doscientos años -aunque la aceleración observada en las últimas décadas y años resulta asombrosa-, los que deberían, en teoría, contribuir a mejorar la calidad de vida. Las posibilidades de impacto del desarrollo de la ciencia y de la tecnología son muy grandes en la transformación de los procesos productivos, los modos de acceso a la información, las formas de organización de las economías y las dinámicas sociales.

Estos fenómenos, que han expandido las fronteras de la capacidad del hombre y las posibilidades de su desarrollo, han tenido sin embargo efectos desiguales; estando acompañados por situaciones que se ciernen sobre el futuro, más como amenazas que como esperanzas.

Entender estos cambios tan profundos y de tanto impacto es fundamental para generar estrategias que nos permitan aprovechar las oportunidades que nos brindan y para minimizar los efectos negativos que los acompañan. Desconocerlos puede ser desastroso.

Para poder entender estos profundos cambios debemos reflexionar sobre los caminos que nos han traído hasta aquí, y desde aquí atrevernos a generar nuevos rumbos hacia parajes aún hoy indefinidos y desconocidos. Debemos crear nuevas lentes para observar un mundo nuevo. Distinguirlo, configurarlo, reconocerlo, es tarea esencial para interaccionar en la diferencia como único camino a la evolución.

Actualmente, la sociedad tiende a fundarse cada vez más en el conocimiento. Una de las condiciones necesarias para cumplir con esa tarea, es que la propia Universidad se analice a sí misma, junto con la sociedad, lo que daría una enorme capacidad de transformación, de adaptación y de prever esos nuevos escenarios donde tendrá que desarrollar sus actividades.

Se debe reafirmar la función innovadora de conocimientos, de conciencia crítica de la sociedad y de inserción socio-productiva de estudiantes y graduados, cuya formación debe estar comprometida con la sociedad. Debe la universidad ser caja de resonancia de las necesidades de la sociedad, y espacio de preparación para el cambio social y político. Reencontrar el vínculo con el mundo del trabajo, formando profesionales comprometidos con los destinos nacionales y con una moral pública.

Las Universidades pueden y deben mejorar su organización, de tal manera que la diversidad de espacios que a su interior se manifiestan, se ordenen en función de los intereses del conjunto y contribuyan a lograr los fines y objetivos de cada institución. Deben dar pruebas de imaginación, creatividad, inteligencia y voluntad de cambio.

El mejoramiento de nuestra organización es decisivo para lograr el bienestar de cualquier sociedad. Una sociedad que cree organizaciones más idóneas puede brindar mejor estándar de vida a sus ciudadanos.

Finalmente buscamos ser un Sistema Universitario que:

- Garantice educación pública, libre y gratuita, reconocida por su pertinencia y calidad. Con capacidad para dar respuesta al fenómeno de la universalización de la educación superior.
- Que asegure condiciones efectivas de inclusión y avance en la formación universitaria.
- Sea proactivo, plural, comprometido, capaz de anticipar las transformaciones y nuevas tendencias, generando cambios con espíritu innovador y creativo.
- Brinde una formación de calidad en la enseñanza de grado y posgrado, en la investigación, en la extensión y promocione líneas de excelencia nacional e internacional en temas emergentes.
- Promueva una activa participación de todos los miembros de la comunidad universitaria, vinculando el esfuerzo conjunto con los desafíos, necesidades y demandas de la sociedad.
-Posea un sistema de financiamiento público, a partir de reconocer que una adecuada inversión en educación, ciencia, arte y tecnología constituye una condición necesaria para el desarrollo social, económico y cultural de un país.
- Valore críticamente su propio proceso histórico para proyectar su futuro.

En este escenario, el Sistema Universitario debe comenzar a transformarse si pretende ser también un agente transformador. Desde esta perspectiva es que se propone una reforma de la Ley de Educación Superior, que podría centrarse en cuatro grandes ejes:

a.- El ideológico

b.- El político

c.- El institucional

d.- El académico

El CIN acordará una agenda de aspectos relevantes para analizar las posibles modificaciones a la normativa que regula la Educación Superior en nuestro país.

lunes, 25 de junio de 2007

“LAS COMUNIDADES DE MISIONES NO SOLICITARON ENTREVISTAS Y TAMPOCO RESPONDIERON EL OFRECIMIENTO DE LA UNLP”

El vicepresidente de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Raúl Perdomo informó que “no hemos recibido pedidos formales ni solicitudes informales de reuniones por parte de los representantes de los pueblos originarios de la provincia de Misiones para analizar cuestiones vinculadas con el reclamo de tierras que vienen realizando estas comunidades”.
Además, Perdomo –quien integra la Comisión especial creada por el Consejo Superior para evaluar alternativas y una salida al reclamo de las comunidades- explicó que “hasta el momento no hemos recibido ninguna respuesta al ofrecimiento formulado institucionalmente por esa comisión y que se hizo efectivo hace más de un año”. La comisión creada por el Consejo Superior en 2005 para resolver el litigio con los pueblos de Misiones que viven en tierras pertenecientes a la UNLP está integrada por representantes de varias facultades y técnicos del Rectorado. Las comunidades guaraníes solicitan la titularidad de las propiedades que la Universidad posee en esa provincia del litoral argentino.
La propuesta elevada por la UNLP a partir del trabajo de la Comisión –cuyos integrantes realizaron viajes a Misiones y mantuvieron reuniones con los caciques- contempla una variante innovadora que podría satisfacer las demandas y los intereses de ambas partes en torno a las 6.035 hectáreas en cuestión: propone conservar para sí la titularidad de sólo 700 hectáreas –donde actualmente posee edificaciones y terrenos donde los estudiantes realizan estudios de campo-, y otorgar a las comunidades la propiedad de una porción idéntica de tierra para la edificación de sus viviendas y uso intensivo.
En cuanto a las hectáreas restantes, propone un régimen de copropiedad para garantizar el libre tránsito y utilización en forma compartida. Así, los pueblos aborígenes podrán seguir aprovechando las tierras para la caza, pesca, agricultura, y otras actividades.
De esta manera, la UNLP se constituye en garantía de que nunca se comercializarán esas propiedades y –al mismo tiempo- no interferirá en el desarrollo de la cultura, costumbres e idiosincrasia de las poblaciones allí asentadas, del mismo modo que sucede en la actualidad y desde que la UNLP recibió la titularidad de esas tierras de manos de la empresa Celulosa de Argentina en 1992. Asimismo está garantizado el resguardo del patrimonio ecológico del último bosque nativo que existe en la provincia de Misiones.
El vicepresidente de la UNLP, Raúl Perdomo, explicó que “para la Universidad, contar con estas tierras representa una oportunidad única para desarrollar investigaciones de diversas disciplinas en un bosque nativo en su estado natural”. Además afirmó que “la figura de copropiedad compromete a ambas partes en un proyecto de cooperación amplio que traerá beneficios mutuos”.
En el año 1992 la Empresa Celulosa S.A. donó a la Universidad Nacional de La Plata un inmueble de 6.100 has en la Provincia de Misiones. El inmueble posee un valor ecológico estratégico para la región y en el mismo se encuentran asentadas comunidades indígenas Mbyá Guaraní. De acuerdo con los últimos datos, en esa Reserva habitan unas 40 familias que representan aproximadamente 250 personas pertenecientes a esas comunidades.

domingo, 24 de junio de 2007

Conflicto entre el Pueblo Mbya Guaraní y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP)

El Pueblo Mbya Guaraní en sus Comunidades de Yvy Pita, Ka´ Aguy Poty y Kapi´i Poty, ubicadas en el Bello Valle de Kuña Pirú, Departamento de Aristóbulo del Valle de la Provincia de Misiones, reclama el reconocimiento de su territorio ancestral, conforme a lo establecido en la Constitución Nacional Art. 75 inciso 17 y lo establecido en el Convenio 169 de la O.I.T., sobre Pueblos Indígenas y Tribales, contra el titular registral aparente la UNLP, quién aproximadamente desde el año 1992, adquirió por donación de Celulosa Argentina S.A., la porción perteneciente a este pueblo, de una extensión aproximada de 6.030 has. y ha sido afectada por decreto provincial como Reserva Privada

En el año 1999, las Comunidades referidas iniciaron administrativamente un reclamo ante la Universidad a los fines de obtener el reconocimiento de la titularidad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan en el Valle de Kuña Pirú, la premisa inicial fue que se reconociera al interlocutor (los indígenas) y que la UNLP, conociera el lugar, así se los invitó a conocer el territorio.

El Presidente de la UNLP, recibió a los Caciques del Pueblo Mbya y prometió reconocer el pedido del Pueblo Mbya Guaraní, así salió publicado en los medios platenses y misiones, pero solo se trato de juegos de artificios ya que solo se ofreció informalmente a través de los medios una donación de 500 has., los indígenas dijeron no.

Se hicieron innumerables viajes a la ciudad de La Plata, nada se logró hasta que finalmente el 7 de Junio de 2005, se hicieron presente en Aristóbulo del Valle dos representantes de la UNPL, el Ingeniero Maiola, el Dr. Mazzotta y el Ingeniero Cavigiolli, ofrecieron donar a las comunidades 700 has.

Las comunidades como contrapropuesta le ofrecieron a la UNLP, iniciar un dialogo entre partes, con la presencia de Observadores a los fines de evitar manoseos y que el proceso de negociación sea transparente, así se invitó a la Sec. De Derechos Humanos de la Nación (Lic. Ana González y Dra. Viviana Canet) – Defensor del Pueblo de la Nación (Lic. Viñas) – Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI – Dr. Adrián Surace) – Congreso de la Nación (Comisión de Población Dra. María Elena Barbagelatta) – Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ – Prof. Raúl Aramendy), Universidad Nacional de Misiones (UNAM), Dirección de Asuntos Guaraníes, Ministerio de Ecología de Misiones.

Se realizaron varias reuniones, tres para ser más precisos, en enero del 2006 el INAI, realizó una propuesta que pasaba porque la UNLP, reconociera este territorio como perteneciente a los Pueblos Indígenas, nada dijo la UNLP.

Hasta que finalmente en el mes de Junio de 2006, los días 22 y 23, la UNLP propuso a las Comunidades cederles 700 has. en propiedad, reservándose 700 has y el resto someterlas a un esquema de Comanejo, compartiendo la Copropiedad del predio restante (jurídicamente de cumplimiento imposible), pero más allá de eso los indígenas se niegan a compartir la propiedad con otro.

Se volvió a realizar una reunión de tipo técnico, el 06 de septiembre en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación con la presencia del Dr. Mazotta, quien expresó que la UNLP, se comprometía a reconocer la propiedad de topo el territorio reclamado y que el 29 de septiembre habría otra reunión.
Seis días después funcionarios de la UNLP, los Ingenieros Cavigiolli y Maiola se hacen presentes en el territorio del Pueblo Guaraní, haciendo una propuesta espuria a los caciques de las comunidades a cambio de que los mismos aceptarán el Condominio.

Esto provocó una división de los mismos, dos de los caciques se sintieron muy intimidados por el acoso constante de los funcionarios de la UNLP, especialmente por el Sr. Cavigigiolli y realizaron dos acciones a los efectos de neutralizar las acciones de estos, primero cortaron la ruta provincial que une Aristóbulo del Valle y Jardín América ante la presencia de funcionarios que venían a firmar el "Acuerdo", y en segundo lugar el 02 de Noviembre de 2006 se hicieron presentes en la ciudad de La Plata denunciando esto, fueron recibidos por los responsables máximos de la UNLP, quienes negaron estos hechos y cualquier tipo de responsabilidad en los mismos, el cacique Salustiano González desde la justicia de su espíritu les pidió POR FAVOR BASTA, BASTA, BASTA paren ya Uds. son ricos nosotros es lo único que tenemos (no se permitió el ingreso de la prensa ni la obtención de Fotos)

Seguidamente pusimos en conocimiento del la Oficina Anticorrupción de la Nación (02.11.06) los ofrecimientos, presiones espurias, de los funcionarios de la UNLP al Pueblo Mbya Guaraní, también pidió explicaciones el INAI y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

La última reunión de partes se realizó en el ámbito de la Secretaría de Dchos. Humanos de la Nación el 29 de noviembre de 2006, con la presencia de Observadores, el Escribano General de la Nación y la Dra. Sofía Bordenave, donde estos explicaron al Dr. Mazotta el porque la inviabilidad de la propuesta de la UNLP, el mismo se ofreció a dar una respuesta que nunca llego, un mes después en diciembre de 2006, la UNPL invitó al cacique Cirilo Duarte a una reunión que propagandizó con fotos, esto agudizo el enojo de su propia comunidad que finalmente lo apartó de su responsabilidad.
Hoy, después de ocho años de negociaciones el único camino posible es el Juicio de Reconocimiento de la Propiedad del Territorio Indígena, es el mandato del Pueblo Mbya Guaraní, a través de sus tres Caciques.

* El texto pertenece a un comunicado entregado por la delegación de Caciques que participó de la protesta "DESDE EL CENTRO DE LA SELVA, CACIQUES GUARANÍES DEL CUÑA PIRÚ LLEGAN JUNTO A LA GIRA H20 PARA RECLAMAR POR SUS TIERRAS"- Junio 2007.

miércoles, 20 de junio de 2007

Universidad y Proyecto Transformador (Horacio Bouchoux)

LA UNIVERSIDAD ARGENTINA EN LOS MOMENTOS DE AVANCE DE LOS SECTORES POPULARES
La Universidad Argentina ha pasado por diversos modelos que han sido fruto de la disputa constante entre proyectos antagónicos. En ese sentido, pretender entender o analizar las discusiones que se dieron en el seno de la Universidad aisladamente de las confrontaciones más generales de cada contexto histórico, es una falacia. Porque incluso las discusiones que parecieran ser más “hacia el adentro” de la universidad, encierran formas de entender el conocimiento y su utilidad que estuvieron siempre íntimamente ligadas con modelos de desarrollo, de distribución de los recursos materiales y simbólicos y de definiciones de ciudadanía que trascendieron ampliamente los claustros de las casas de estudios.Vamos a centrarnos en el análisis del papel jugado por la universidad en otros momentos de nuestra historia con características similares a la actual en lo que respecta a las relaciones de fuerza entre el campo del pueblo y el de los sectores oligárquicos constituidos en poder hasta entonces. Sin intentar trazar paralelismos forzados, esta comparación puede servir como punto de referencia respecto de las distintas posiciones que puede tomar la universidad de cara al proceso actual. Los ejemplos en nuestro pasado no son tantos, así como tampoco son tantos los momentos de avance de los sectores populares en el siglo que expiró. Comencemos por la universidad del primer radicalismo, por la universidad que parió la Reforma del 18. En ese momento, en un contexto de ampliación de ciudadanía, de incorporación de los sectores medios e inmigrantes a la vida política, la universidad de la Reforma fue un ariete de los actores sociales que desde el llano pugnaban por una distribución más equitativa del poder, fundamentalmente del poder político. Si bien es posible encontrar aristas contradictorias dentro del propio ideario reformista, sería una necedad no reconocer el inmenso avance que implicó para la universidad argentina y latinoamericana y para el conjunto de la sociedad de ese momento la Reforma del 18. J. J. Hernández Arregui así lo entiende y es muy claro en su reivindicación de la misma: los primeros visos de nacionalización de los sectores medios hay que identificarlos en los jóvenes que combatieron de manera frontal contra una concepción del conocimiento elitista, contra un escolasticismo anacrónico y por la democratización de una institución hasta entonces claramente oligárquica.Entonces es posible sostener que en el primer intento serio de avance de los sectores populares (que tuvo su expresión política en el radicalismo yrigoyenista) la universidad acompañó este avance y fue parte fundante del mismo. Y esto, más allá de las reivindicaciones huecas que a la distancia suelen hacer de este proceso quienes con posterioridad se colocaron de la vereda contraria a la de los intereses de las mayorías, porque la Reforma universitaria no sólo fue la retórica del autonomismo respecto de los gobiernos, sino, fundamentalmente, una profunda discusión respecto de qué tipo de conocimiento se debía impartir desde los claustros y de cuál debía ser la distribución de ese conocimiento en una sociedad que quería ser democrática. El segundo gran momento de avance de los sectores populares fue el primer peronismo. La universidad se colocó en la vereda de quienes pretendían mantener el “statu-quo” y se resistían a la incorporación de los más humildes a la discusión por el poder político y económico. Las causas de este divorcio entre universidad y sectores populares son variadas, pero a grandes rasgos es posible decir que hubo una inmensa incomprensión de este nuevo momento de expansión de ciudadanía y que los sectores medios en su conjunto hicieron la apuesta equivocada respecto de sus propios intereses de mediano y largo plazo. Cuando el eje del desarrollo nacional se corría desde la tradicional producción de materias primas hacia un modelo de sustitución de importaciones, industrialización autónoma y distribución de la riqueza, una universidad centrada en la reproducción de profesionales liberales se resistía a ponerse en cuestión a sí misma y prefería cuestionar el nuevo orden propuesto. Por último, entre mediados de las décadas del 60 y 70, en el último gran momento de apogeo de masas de la historia reciente, se dio lo que muchos han llamado “nacionalización de los sectores medios” y que tuvo su eje, justamente, en la universidad. Decenas de miles de estudiantes universitarios, muchos de ellos hijos de los mismos que unos años atrás habían votado a la Unión Democrática o habían festejado la caída del “tirano”, se incorporaban ahora a la política con una retórica plagada de reminiscencias del discurso del primer peronismo, incluso en los casos en los que se lo seguía mirando con desconfianza: desde la izquierda marxista hasta la Juventud Radical hablaban de “Liberación Nacional”. Las autodenominadas “cátedras nacionales” fueron uno de los primeros intentos de poner sobre el tapete discusiones que estaban ausentes de los claustros, en un proceso que culminó con la gestión de Rodolfo Puiggrós (un marxista devenido peronista, todo un símbolo de la época) como Rector de la Universidad de Buenos Aires. Está claro que en ese momento la universidad no sólo acompañó, sino que fue uno de los pilares de este avance de los sectores populares. La ley universitaria aprobada a principios de 1974 es muy aleccionadora respecto de qué concepciones del conocimiento se encontraban en pugna en ese momento. Las discusiones que atravesaban los claustros daban cuenta de la inmensa conciencia que tenían los actores políticos de la inescindibilidad de las discusiones académicas respecto de las políticas más globales, así como también de que cualquier proyecto que se pretendiera transformador en el largo plazo, debía incorporar como tema central del mismo una profunda transformación de la institución universitaria.En este proceso ningún sector acotaba la discusión a la cuestión jurídico-legislativa ni a la estrictamente académica. El debate sobre un nuevo orden implicaba discutir qué universidad debía ser parte constitutiva del mismo, y por consiguiente se pusieron en tela de juicio desde los contenidos hasta las formas pedagógicas, desde conceptos aparentemente asépticos como el de “extensión universitaria” hasta las formas de gobierno. En suma, en un país en el que todo estaba en discusión, la universidad era discutida tanto en lo referente a su rol en el proceso histórico global como en lo concerniente a su funcionamiento interno. Por último, con el retorno democrático de 1983 hubo un avance que se vio reflejado en una amplia participación estudiantil, aunque acotada por las limitaciones políticas e ideológicas de los actores que la encarnaron mayoritariamente. Eso sin lugar a dudas fue un reflejo de las limitaciones que tuvo en su conjunto la reapertura democrática encabezada por el alfonsinismo en tanto que (si bien fue un claro avance en muchos sentidos) legitimó en términos ideológicos el “statu-quo” impuesto a sangre y fuego por la dictadura. En ese sentido, en la Universidad, la validación de los concursos docentes realizados durante el proceso puede servir como metáfora de esa legitimación.
LA UNIVERSIDAD COMO ESCENARIO DE DISPUTA ENTRE DOS PROYECTOS DE PAÍS
Como ya señalamos, asistimos hoy a un momento de retroceso de los sectores oligárquicos y reaccionarios en el conjunto de Latinoamérica. Los gobiernos de Chávez, Kirchner y Tabaré Vazquez e incluso el de Lula, son una clara muestra de que las relaciones de fuerza han cambiado. Pero la historia nos enseña que la contraofensiva de aquellos que quieren que todo siga igual no se hará esperar. Se avecinan momentos duros, de intentos de desestabilización de los gobiernos democráticos, de fuerte polarización de la sociedad. Es previsible entonces que los sectores medios sean visualizados como aquellos que puedan torcer la balanza entre dos proyectos de país antagónicos. Entonces, es previsible que la universidad se transforme en uno de los principales escenarios de disputa. En ese marco, discutir hoy la universidad es una necesidad imperiosa de aquellos que pretendan profundizar un proceso de transformaciones de fondo en nuestra región. Pero esta discusión puede tornarse engañosa y ser funcional a los sectores oligárquicos si se pone el eje de la discusión en cuestiones instrumentales y no se enmarca el debate como parte de discusiones más de fondo respecto de modelos de desarrollo y distribución de los bienes materiales y simbólicos, de autonomía nacional e integración regional, de ampliación de ciudadanía y profundización democrática.La universidad que hoy tenemos es una institución profundamente atravesada por el orden en crisis y sus discursos subsidiarios (llámense estos postmodernidad, neodesarrollismo, cientificismo, reformismo hueco o autonomismo a ultranza). Entonces, pretender modificar la legislación vigente sin cuestionar al mismo tiempo el sentido común de quienes integran la comunidad universitaria es la segura garantía de que en el mediano plazo los sectores populares la tendrán en la vereda de enfrente.Hay que discutir la Ley de Educación Superior. Pero hay que discutirla en el marco de un profundo cuestionamiento a los contenidos y prácticas pedagógicas que imperan en la Universidad, del para qué de la investigación y la extensión, de qué significa la autonomía, de quienes deben integrar el cogobierno, de cuál debe ser la relación entre universidad, estado y sociedad.Estamos ante una oportunidad histórica. En los próximos meses se definirá si la universidad acompañará este momento de avance de los sectores populares, como lo hizo en 1918 o en los 70, o si volverá a formar parte de una nueva “Unión Democrática”.
* Este texto forma parte del artículo UNIVERSIDAD Y PROYECTO TRANSFORMADOR de Horacio Bouchoux, Prosecretario de Relaciones Institucionales de la Facultad de Bellas Artes de la UNLP.

sábado, 16 de junio de 2007

"Universidad y Estado". Escribe Ana Jaramillo, Rectora de la Universidad Nacional de Lanús.

Ya hemos experimentado y padecido muchas veces la confusión que existe entre lo público, lo social y lo colectivo. A menudo los así llamados bienes públicos u organismos públicos han sido de todos y de nadie. Pero también a menudo se ha confundido a la Universidad con un bien colectivo de una determinada comunidad, con una organización no gubernamental, con plena autonomía y con funciones exclusivas para sus miembros. Su aislamiento de la comunidad ha provocado muchas veces el cuestionamiento a la misma como “la república de los profesores” de y para ellos. De y para la comunidad universitaria.
La incuestionable autonomía universitaria, que implica la autonomía de gobierno y la libertad de cátedra va de suyo en una sociedad que ha decidido y conquistado sus instituciones democráticas así como sus libertades y derechos cívicos y por ello respeta su Carta Magna y las garantías por ella establecidas.
Pero dicha autonomía no le puede hacer perder de vista que es todo un pueblo el que aporta los recursos que le permiten cumplir con su función. Los salarios de las autoridades, los docentes y los no docentes los paga el erario público. Los gastos de funcionamiento así como su infraestructura y equipamiento también. Su responsabilidad es frente a la sociedad toda y no sólo para con los miembros de la universidad. Su responsabilidad es social, como la de cualquier organismo público ya que forma parte del Estado. Por lo tanto, su compromiso con la comunidad, con el desarrollo social y regional y con el Estado, debe ser paralelo a su responsabilidad.
Su autonomía no puede significar desentenderse de los problemas que aquejan a la nación. La función de la universidad pública de buscar la excelencia académica de todos y cada uno de sus educandos, de perfeccionar sus cuadros docentes, de capacitar y acreditar a sus estudiantes para el mercado laboral, de realizar investigación científico tecnológica, no es contradictoria, sino complementaria con su responsabilidad pública, social de atender prioritariamente las necesidades del desarrollo nacional y regional, buscando la redistribución del conocimiento y la elevación de la calidad de vida de la comunidad en su conjunto.
La autonomía tampoco exime a los universitarios de hacer el uso más racional posible de los recursos. No sólo porque en materia educativa serán siempre escasos, puesto que la demanda es siempre creciente, sino porque por el contrario, deben estar en condiciones de rendir cuentas a la sociedad del beneficio social del uso de los recursos asignados a las universidades. Las universidades tendrán que poder refrendar ante la sociedad, la legitimidad de la opción estatal en la asignación de recursos para la educación superior frente a otras necesidades sociales perentorias del país.
La universidad es así un bien nacional público, social y colectivo. Como el Estado, debe buscar el bien público. Ello implica poner todos los esfuerzos para contribuir al desarrollo social y regional produciendo conocimientos así como formando mejores ciudadanos para la Nación.

viernes, 15 de junio de 2007

ADULP ante la reforma del Estatuto de la UNLP

Desde fines del año pasado, y sobre el trasfondo de la crisis de la UBA, comenzó a instalarse en nuestra Universidad la discusión sobre la necesidad de proceder a una reforma del Estatuto que nos rige desde 1996. El complejo proceso que comenzó en noviembre, y que desembocó en la irregular Asamblea Universitaria que hace escasos días proclamó la reelección del Presidente de la UNLP, da cuenta acabadamente de que resulta imperioso abordar seria y comprometidamente este debate, y avanzar en un cambio sustantivo de la norma que rige la vida interna de esta Universidad.

La actual etapa política que atraviesa nuestro país se presenta como una oportunidad para promover colectivamente las profundas transformaciones que requiere el objetivo mayoritario de construir una sociedad que asegure a todos las condiciones necesarias para una vida digna. Se ha abierto, en Argentina y en América Latina, un nuevo horizonte que nos convoca a ser partícipes de los desafíos que propone. Esta oportunidad, que ha sido duramente lograda y que ha costado largos años de lucha de los sectores organizados en la resistencia a los efectos de políticas antipopulares, también representa un desafío para una Universidad en la que el programa neoliberal ha dejado su impronta. La implementación del Programa de Incentivos significó la expansión de criterios cuantitativistas y productivistas en la evaluación de una actividad académica que profundizó su dependencia respecto de la lógica impuesta por los circuitos hegemónicos de producción del saber. Efectos similares tuvo, en esos años, el recurso a fuentes externas de financiamientos como el FOMEC, que generaron una proliferación de proyectos de investigación orientados por intereses académicos particulares, desvinculados de toda definición de objetivos comunes que priorizara la consideración de las necesidades sociales. Estos programas, que fortalecieron además el poder político interno de algunos sectores académicos en cuyas manos fue depositada la gestión y administración de los mismos, tenían como contrapartida la obligación de adaptar programas, carreras y proyectos institucionales a una serie de pautas propuestas por los organismos internacionales que en esos años impulsaron reformas similares en toda Latinoamérica. La reducción de las carreras de grado, el arancelamiento de los posgrados, la institución de un régimen de evaluación y acreditación de las carreras en base a criterios impuestos sin una discusión democrática sobre su pertinencia, son algunos de los resultados del avance que – sobre la base extorsiva de una situación de recorte presupuestario – lograron las políticas neoliberales en la Universidad, a lo largo de la década del ’90.

Aún cuando en cierta medida estas reformas y mecanismos hayan sido parcialmente aceptados en virtud de una suerte de estrategia de supervivencia de las casas de estudios y de sus integrantes, es preciso señalar que algunos sectores universitarios propiciaron decididamente esta reconversión del nivel superior del sistema educativo y del sistema nacional de investigación, que tendió a adecuar su dinámica a los requerimientos de un orden social deliberadamente diseñado para asegurar el beneficio de una minoría privilegiada. La Universidad que tenemos es, en general, resultado de la variable correlación de fuerzas entre los sectores que promovieron siempre la elitización de la educación superior y la sujeción de la actividad académica a los estándares de excelencia y a los criterios de pertinencia instituidos desde los centros de poder (económico, político, científico), y aquellos que hemos defendido permanentemente la concepción de que la Universidad, en tanto institución pública, debe contribuir activamente en el proceso de democratización general de la sociedad, comprometiendo su quehacer con las necesidades de la mayoría, asumiendo un rol fundamental en el desarrollo de un proyecto que afirme la autonomía nacional en el marco de una integración solidaria con los pueblos latinoamericanos, y recuperando, en la producción académica del conocimiento, la experiencia histórica y el saber popular.

Estos motivos, que fundaron en años pasados la resistencia a la pretensión de adecuar las Universidades a un proyecto de exclusión social, deben hoy traducirse en una acción profundamente transformadora de las instituciones y políticas universitarias. No podemos proponernos involucrar a la Universidad en el proceso de construcción colectiva de las condiciones que permitan avanzar hacia una sociedad igualitaria, si no impulsamos los cambios necesarios para asegurar un funcionamiento democrático de la misma. Sólo bajo la condición de una Universidad reformulada en estos términos en su sentido y sus objetivos, será posible establecer un vínculo sustentable, no ocasional, entre la actividad universitaria y el esfuerzo de amplios sectores de la población por mejorar sus condiciones de vida; constituir un quehacer universitario que contribuya a producir soluciones creativas que den respuesta a las necesidades populares, y que permitan proyectar políticas públicas orientadas a promover un crecimiento con equidad social que asegure en el futuro un bienestar integral para todos.

Es por ello que entendemos que una reforma del Estatuto de la UNLP debería proponerse, sobre la base del consenso más amplio posible, sentar las bases sobre las cuales podamos aspirar a refundar la relación entre la Universidad y la sociedad en términos que otorguen legitimidad democrática a la institución y a las actividades que en ella se llevan a cabo. En esa perspectiva, consideramos que los puntos centrales a ser debatidos por la totalidad de los integrantes de la UNLP, en una primer etapa de una discusión que entendemos no debe cerrarse en la Asamblea del 13, son aquellos que atañen a una redefinición de sus funciones esenciales (docencia, investigación y extensión), así como las disposiciones relativas al gobierno de la Universidad, los mecanismos de elección de autoridades y las formas de representación.

En primer término, consideramos que la UNLP debe discutir en profundidad el rol que compete asumir a las Universidades – en tanto instituciones públicas - en el proceso general de construcción colectiva de las condiciones que supone una mejora sustantiva en las condiciones de vida de la población. Es necesario que el debate al que nos convocamos proyecte las reformas institucionales sobre el horizonte de un conjunto de definiciones políticas que orienten la actividad de la Universidad.

En este marco, será preciso determinar en qué orientaciones prácticas y a través de que regulaciones institucionales se traduce la pretensión de que la tarea de docencia e investigación que se realiza en la Universidad constituye efectivamente un bien social. Será necesario, además, redefinir el carácter que se asigna a la llamada extensión universitaria, que no puede ser una actividad marginal y subsidiaria, o concebida como una vía de obtención de recursos a través de los servicios a terceros. Ésta - como un vector fundamental en la organización de la actividad general de la Universidad y en la determinación de su modo de vinculación con el entorno social y productivo - tiene que ser re-jerarquizada como un aspecto de la actividad académica, concebida en una perspectiva integral junto a la docencia y la investigación. Habrá que establecer, además, articulaciones precisas con el sistema educativo general y con las políticas científico-tecnológicas del Estado, con el sistema público de salud, con la problemática del trabajo, de la reconstrucción del aparato productivo y las nuevas experiencias de la autogestión, con las instituciones de defensa de los derechos humanos, las necesidades y posibilidades del desarrollo regional y local, etc. Entre otras posibilidades, favorecería a la consecución de este objetivo la constitución de Consejos consultivos que den participación a una diversidad de sectores sociales en la evaluación de necesidades, discusión de prioridades y elaboración de propuestas para la Universidad.


Evidentemente, no es posible promover una revisión de esta índole en la definición de objetivos y en el diseño de políticas institucionales para la Universidad, sin avanzar al mismo tiempo en la modificación de las estructuras del co-gobierno, con vistas a generar procedimientos deliberativos y resolutivos acordes a una dinámica democrática que debería extenderse a todos los ámbitos de la vida universitaria.

Para comenzar: hace ya muchos años que la práctica de la elección indirecta se ha convertido en un anacronismo en el escenario político nacional; sin embargo, nuestra Universidad ha perpetuado – a diferencia de numerosas casas de estudios del interior – la vigencia de un dispositivo que profundiza en vastos sectores de la vida universitaria la enajenación de la política, y que redunda en un déficit de legitimidad democrática para cualquier fórmula de gobierno de la institución. Por ello, entendemos que debería sustituirse el actual mecanismo de elección de las autoridades que desempeñan los principales cargos ejecutivos: el Presidente y el Vice-Presidente de la Universidad, los Decanos y Vice-Decanos de las Facultades, tienen que resultar de una elección directa y ponderada en la que participen los docentes, los no-docentes y los estudiantes. Este procedimiento – que ofrece mejores condiciones para una ampliación de la participación de los universitarios en la conformación y el debate de proyectos colectivos alternativos - es el medio más adecuado para que el resultado de la elección pueda expresar la opinión del conjunto de los miembros de la Universidad. Los candidatos, por otra parte, se verían obligados a presentar ante la “ciudadanía universitaria” los programas y equipos de trabajo que, que en las actuales condiciones normalmente sólo conocen – si es que existen – aquellos que forman parte de los grupos más activos en la política interna de la Universidad y quienes integran los cuerpos de electores.

Un requisito complementario de la institución del mecanismo de la elección directa y ponderada, tendiente también a la democratización de la dinámica política de la Universidad, es el reconocimiento de la ciudadanía universitaria a todos los docentes interinos que desempeñen su tarea con un mínimo de dos años de antigüedad. La restricción de la ciudadanía a los docentes ordinarios es a todas luces injusta y discriminatoria, cuando no existe – en términos generales – regularidad y una periodicidad adecuada en los llamados a concurso, ni carrera docente generalizada. Los interinos son, en la actualidad, víctimas de un cercenamiento de sus derechos políticos en la Universidad, en virtud de una situación ajena a su voluntad.

Una solución integral al problema de la actual distorsión en la conformación de la representación de los docentes en el co-gobierno requeriría, además, la constitución de un claustro único docente integrado por profesores y auxiliares. Injustificadamente, hoy la Universidad establece una diferencia de representación y por tanto de poder en la toma de decisiones en función de las tareas docentes que se desarrollan en su seno. Los docentes que revistan en el claustro de graduados, que representan más del 60% de los docentes de nuestra universidad, sólo tiene un representante en los consejos Académicos y uno durante la mitad del período en el HCS. Por otra parte, En las actuales condiciones, la imposibilidad de incorporarse al claustro de profesores en razón de su condición de interinos obliga a muchos docentes que de hecho pertenecen al claustro de profesores a permanecer como miembros del claustro de graduados. Esto conduce a una situación en la que, finalmente, los docentes auxiliares y los interinos en general se encuentran sub-representados, formando parte de un claustro que incluye también a los graduados que, sin tener relación de dependencia laboral con la Universidad, asumen, en obligada alternancia con aquellos que cumplen funciones docentes, la representación del conjunto. Son los llamados “graduados puros” quienes deberían constituir el claustro de graduados, con una participación minoritaria en los cuerpos colegiados de la Universidad, o bien con una participación limitada a los Consejos consultivos que tendrían que instituirse.

Los docentes de los niveles pre-universitarios, asimismo, también tienen que poder participar con plenos derechos del gobierno de la Universidad, y de los procesos electorales que lo instituyen; de modo que es preciso que se tomen las medidas necesarias para otorgarles el reconocimiento de la ciudadanía universitaria, y para establecer su adecuada representación en el Consejo Superior de la UNLP.
Los trabajadores no-docentes, por su parte, también deben tener la ciudadanía plena, con el consecuente derecho a elegir y ser elegidos, y a integrar con sus representantes los cuerpos colegiados de la Universidad y las Facultades. Evidentemente, estos cambios en la conformación de los claustros y en la extensión de la ciudadanía, supondrían una modificación en la composición de los Consejos, que deberían constituirse con una representación proporcional al coeficiente de ponderación que se establezca para la elección directa.

El anacronismo que advertíamos en la persistencia de la elección de las autoridades de la UNLP y de las Facultades a través de Colegios Electorales, es manifiesto también en la ausencia de procedimientos instituidos para permitir el ejercicio de la democracia directa en algunos ámbitos de la vida política de la Universidad. Consideramos que la UNLP debería establecer y reglamentar las instancias de la iniciativa ciudadana, las audiencias públicas y el presupuesto participativo. Vale decir, mecanismos que permitan que los miembros de la Universidad presenten propuestas que deban ser consideradas en los Consejos Superior y Académicos, soliciten la discusión pública de temas relevantes para cuya resolución se requiere lograr consensos explícitos, e intervengan en el debate y la determinación de criterios y prioridades para la distribución presupuestaria.

Otro capítulo fundamental en la discusión del nuevo Estatuto de la UNLP es el que concierne a las condiciones del trabajo docente. Entendemos que la UNLP debe asumir como responsabilidad de la institución la formación de posgrado y, en general, el perfeccionamiento de los docentes que trabajan en ella, lo cual supone no sólo la generación de políticas activas para la promoción e implementación de instancias de capacitación, sino la garantía de gratuidad de las mismas para los trabajadores de la Universidad. Está pendiente en la UNLP, además, un debate sobre la reglamentación de la carrera docente, como forma de asegurar la estabilidad y promoción de aquellos docentes que demuestren aptitud para la continuidad en sus cargos, a través de mecanismos periódicos y transparentes de calificación que deberían articularse adecuadamente con los concursos públicos de oposición y antecedentes.

Finalmente, y para concluir esta propuesta inicial de un conjunto de ideas para el debate, consideramos imprescindible que el Estatuto de la UNLP defina con claridad que en ella no podrán cumplir ningún tipo de funciones aquellas personas que hayan sido procesadas – o sobre las cuales recaigan denuncias fundadas – por violaciones a los derechos humanos.