“LAS COMUNIDADES DE MISIONES NO SOLICITARON ENTREVISTAS Y TAMPOCO RESPONDIERON EL OFRECIMIENTO DE LA UNLP”

El vicepresidente de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Raúl Perdomo informó que “no hemos recibido pedidos formales ni solicitudes informales de reuniones por parte de los representantes de los pueblos originarios de la provincia de Misiones para analizar cuestiones vinculadas con el reclamo de tierras que vienen realizando estas comunidades”.
Además, Perdomo –quien integra la Comisión especial creada por el Consejo Superior para evaluar alternativas y una salida al reclamo de las comunidades- explicó que “hasta el momento no hemos recibido ninguna respuesta al ofrecimiento formulado institucionalmente por esa comisión y que se hizo efectivo hace más de un año”. La comisión creada por el Consejo Superior en 2005 para resolver el litigio con los pueblos de Misiones que viven en tierras pertenecientes a la UNLP está integrada por representantes de varias facultades y técnicos del Rectorado. Las comunidades guaraníes solicitan la titularidad de las propiedades que la Universidad posee en esa provincia del litoral argentino.
La propuesta elevada por la UNLP a partir del trabajo de la Comisión –cuyos integrantes realizaron viajes a Misiones y mantuvieron reuniones con los caciques- contempla una variante innovadora que podría satisfacer las demandas y los intereses de ambas partes en torno a las 6.035 hectáreas en cuestión: propone conservar para sí la titularidad de sólo 700 hectáreas –donde actualmente posee edificaciones y terrenos donde los estudiantes realizan estudios de campo-, y otorgar a las comunidades la propiedad de una porción idéntica de tierra para la edificación de sus viviendas y uso intensivo.
En cuanto a las hectáreas restantes, propone un régimen de copropiedad para garantizar el libre tránsito y utilización en forma compartida. Así, los pueblos aborígenes podrán seguir aprovechando las tierras para la caza, pesca, agricultura, y otras actividades.
De esta manera, la UNLP se constituye en garantía de que nunca se comercializarán esas propiedades y –al mismo tiempo- no interferirá en el desarrollo de la cultura, costumbres e idiosincrasia de las poblaciones allí asentadas, del mismo modo que sucede en la actualidad y desde que la UNLP recibió la titularidad de esas tierras de manos de la empresa Celulosa de Argentina en 1992. Asimismo está garantizado el resguardo del patrimonio ecológico del último bosque nativo que existe en la provincia de Misiones.
El vicepresidente de la UNLP, Raúl Perdomo, explicó que “para la Universidad, contar con estas tierras representa una oportunidad única para desarrollar investigaciones de diversas disciplinas en un bosque nativo en su estado natural”. Además afirmó que “la figura de copropiedad compromete a ambas partes en un proyecto de cooperación amplio que traerá beneficios mutuos”.
En el año 1992 la Empresa Celulosa S.A. donó a la Universidad Nacional de La Plata un inmueble de 6.100 has en la Provincia de Misiones. El inmueble posee un valor ecológico estratégico para la región y en el mismo se encuentran asentadas comunidades indígenas Mbyá Guaraní. De acuerdo con los últimos datos, en esa Reserva habitan unas 40 familias que representan aproximadamente 250 personas pertenecientes a esas comunidades.

Conflicto entre el Pueblo Mbya Guaraní y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP)

El Pueblo Mbya Guaraní en sus Comunidades de Yvy Pita, Ka´ Aguy Poty y Kapi´i Poty, ubicadas en el Bello Valle de Kuña Pirú, Departamento de Aristóbulo del Valle de la Provincia de Misiones, reclama el reconocimiento de su territorio ancestral, conforme a lo establecido en la Constitución Nacional Art. 75 inciso 17 y lo establecido en el Convenio 169 de la O.I.T., sobre Pueblos Indígenas y Tribales, contra el titular registral aparente la UNLP, quién aproximadamente desde el año 1992, adquirió por donación de Celulosa Argentina S.A., la porción perteneciente a este pueblo, de una extensión aproximada de 6.030 has. y ha sido afectada por decreto provincial como Reserva Privada

En el año 1999, las Comunidades referidas iniciaron administrativamente un reclamo ante la Universidad a los fines de obtener el reconocimiento de la titularidad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan en el Valle de Kuña Pirú, la premisa inicial fue que se reconociera al interlocutor (los indígenas) y que la UNLP, conociera el lugar, así se los invitó a conocer el territorio.

El Presidente de la UNLP, recibió a los Caciques del Pueblo Mbya y prometió reconocer el pedido del Pueblo Mbya Guaraní, así salió publicado en los medios platenses y misiones, pero solo se trato de juegos de artificios ya que solo se ofreció informalmente a través de los medios una donación de 500 has., los indígenas dijeron no.

Se hicieron innumerables viajes a la ciudad de La Plata, nada se logró hasta que finalmente el 7 de Junio de 2005, se hicieron presente en Aristóbulo del Valle dos representantes de la UNPL, el Ingeniero Maiola, el Dr. Mazzotta y el Ingeniero Cavigiolli, ofrecieron donar a las comunidades 700 has.

Las comunidades como contrapropuesta le ofrecieron a la UNLP, iniciar un dialogo entre partes, con la presencia de Observadores a los fines de evitar manoseos y que el proceso de negociación sea transparente, así se invitó a la Sec. De Derechos Humanos de la Nación (Lic. Ana González y Dra. Viviana Canet) – Defensor del Pueblo de la Nación (Lic. Viñas) – Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI – Dr. Adrián Surace) – Congreso de la Nación (Comisión de Población Dra. María Elena Barbagelatta) – Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ – Prof. Raúl Aramendy), Universidad Nacional de Misiones (UNAM), Dirección de Asuntos Guaraníes, Ministerio de Ecología de Misiones.

Se realizaron varias reuniones, tres para ser más precisos, en enero del 2006 el INAI, realizó una propuesta que pasaba porque la UNLP, reconociera este territorio como perteneciente a los Pueblos Indígenas, nada dijo la UNLP.

Hasta que finalmente en el mes de Junio de 2006, los días 22 y 23, la UNLP propuso a las Comunidades cederles 700 has. en propiedad, reservándose 700 has y el resto someterlas a un esquema de Comanejo, compartiendo la Copropiedad del predio restante (jurídicamente de cumplimiento imposible), pero más allá de eso los indígenas se niegan a compartir la propiedad con otro.

Se volvió a realizar una reunión de tipo técnico, el 06 de septiembre en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación con la presencia del Dr. Mazotta, quien expresó que la UNLP, se comprometía a reconocer la propiedad de topo el territorio reclamado y que el 29 de septiembre habría otra reunión.
Seis días después funcionarios de la UNLP, los Ingenieros Cavigiolli y Maiola se hacen presentes en el territorio del Pueblo Guaraní, haciendo una propuesta espuria a los caciques de las comunidades a cambio de que los mismos aceptarán el Condominio.

Esto provocó una división de los mismos, dos de los caciques se sintieron muy intimidados por el acoso constante de los funcionarios de la UNLP, especialmente por el Sr. Cavigigiolli y realizaron dos acciones a los efectos de neutralizar las acciones de estos, primero cortaron la ruta provincial que une Aristóbulo del Valle y Jardín América ante la presencia de funcionarios que venían a firmar el "Acuerdo", y en segundo lugar el 02 de Noviembre de 2006 se hicieron presentes en la ciudad de La Plata denunciando esto, fueron recibidos por los responsables máximos de la UNLP, quienes negaron estos hechos y cualquier tipo de responsabilidad en los mismos, el cacique Salustiano González desde la justicia de su espíritu les pidió POR FAVOR BASTA, BASTA, BASTA paren ya Uds. son ricos nosotros es lo único que tenemos (no se permitió el ingreso de la prensa ni la obtención de Fotos)

Seguidamente pusimos en conocimiento del la Oficina Anticorrupción de la Nación (02.11.06) los ofrecimientos, presiones espurias, de los funcionarios de la UNLP al Pueblo Mbya Guaraní, también pidió explicaciones el INAI y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

La última reunión de partes se realizó en el ámbito de la Secretaría de Dchos. Humanos de la Nación el 29 de noviembre de 2006, con la presencia de Observadores, el Escribano General de la Nación y la Dra. Sofía Bordenave, donde estos explicaron al Dr. Mazotta el porque la inviabilidad de la propuesta de la UNLP, el mismo se ofreció a dar una respuesta que nunca llego, un mes después en diciembre de 2006, la UNPL invitó al cacique Cirilo Duarte a una reunión que propagandizó con fotos, esto agudizo el enojo de su propia comunidad que finalmente lo apartó de su responsabilidad.
Hoy, después de ocho años de negociaciones el único camino posible es el Juicio de Reconocimiento de la Propiedad del Territorio Indígena, es el mandato del Pueblo Mbya Guaraní, a través de sus tres Caciques.

* El texto pertenece a un comunicado entregado por la delegación de Caciques que participó de la protesta "DESDE EL CENTRO DE LA SELVA, CACIQUES GUARANÍES DEL CUÑA PIRÚ LLEGAN JUNTO A LA GIRA H20 PARA RECLAMAR POR SUS TIERRAS"- Junio 2007.

Universidad y Proyecto Transformador (Horacio Bouchoux)

LA UNIVERSIDAD ARGENTINA EN LOS MOMENTOS DE AVANCE DE LOS SECTORES POPULARES

La Universidad Argentina ha pasado por diversos modelos que han sido fruto de la disputa constante entre proyectos antagónicos. En ese sentido, pretender entender o analizar las discusiones que se dieron en el seno de la Universidad aisladamente de las confrontaciones más generales de cada contexto histórico, es una falacia. Porque incluso las discusiones que parecieran ser más “hacia el adentro” de la universidad, encierran formas de entender el conocimiento y su utilidad que estuvieron siempre íntimamente ligadas con modelos de desarrollo, de distribución de los recursos materiales y simbólicos y de definiciones de ciudadanía que trascendieron ampliamente los claustros de las casas de estudios.Vamos a centrarnos en el análisis del papel jugado por la universidad en otros momentos de nuestra historia con características similares a la actual en lo que respecta a las relaciones de fuerza entre el campo del pueblo y el de los sectores oligárquicos constituidos en poder hasta entonces. Sin intentar trazar paralelismos forzados, esta comparación puede servir como punto de referencia respecto de las distintas posiciones que puede tomar la universidad de cara al proceso actual. Los ejemplos en nuestro pasado no son tantos, así como tampoco son tantos los momentos de avance de los sectores populares en el siglo que expiró. Comencemos por la universidad del primer radicalismo, por la universidad que parió la Reforma del 18. En ese momento, en un contexto de ampliación de ciudadanía, de incorporación de los sectores medios e inmigrantes a la vida política, la universidad de la Reforma fue un ariete de los actores sociales que desde el llano pugnaban por una distribución más equitativa del poder, fundamentalmente del poder político. Si bien es posible encontrar aristas contradictorias dentro del propio ideario reformista, sería una necedad no reconocer el inmenso avance que implicó para la universidad argentina y latinoamericana y para el conjunto de la sociedad de ese momento la Reforma del 18. J. J. Hernández Arregui así lo entiende y es muy claro en su reivindicación de la misma: los primeros visos de nacionalización de los sectores medios hay que identificarlos en los jóvenes que combatieron de manera frontal contra una concepción del conocimiento elitista, contra un escolasticismo anacrónico y por la democratización de una institución hasta entonces claramente oligárquica.Entonces es posible sostener que en el primer intento serio de avance de los sectores populares (que tuvo su expresión política en el radicalismo yrigoyenista) la universidad acompañó este avance y fue parte fundante del mismo. Y esto, más allá de las reivindicaciones huecas que a la distancia suelen hacer de este proceso quienes con posterioridad se colocaron de la vereda contraria a la de los intereses de las mayorías, porque la Reforma universitaria no sólo fue la retórica del autonomismo respecto de los gobiernos, sino, fundamentalmente, una profunda discusión respecto de qué tipo de conocimiento se debía impartir desde los claustros y de cuál debía ser la distribución de ese conocimiento en una sociedad que quería ser democrática. El segundo gran momento de avance de los sectores populares fue el primer peronismo. La universidad se colocó en la vereda de quienes pretendían mantener el “statu-quo” y se resistían a la incorporación de los más humildes a la discusión por el poder político y económico. Las causas de este divorcio entre universidad y sectores populares son variadas, pero a grandes rasgos es posible decir que hubo una inmensa incomprensión de este nuevo momento de expansión de ciudadanía y que los sectores medios en su conjunto hicieron la apuesta equivocada respecto de sus propios intereses de mediano y largo plazo. Cuando el eje del desarrollo nacional se corría desde la tradicional producción de materias primas hacia un modelo de sustitución de importaciones, industrialización autónoma y distribución de la riqueza, una universidad centrada en la reproducción de profesionales liberales se resistía a ponerse en cuestión a sí misma y prefería cuestionar el nuevo orden propuesto. Por último, entre mediados de las décadas del 60 y 70, en el último gran momento de apogeo de masas de la historia reciente, se dio lo que muchos han llamado “nacionalización de los sectores medios” y que tuvo su eje, justamente, en la universidad. Decenas de miles de estudiantes universitarios, muchos de ellos hijos de los mismos que unos años atrás habían votado a la Unión Democrática o habían festejado la caída del “tirano”, se incorporaban ahora a la política con una retórica plagada de reminiscencias del discurso del primer peronismo, incluso en los casos en los que se lo seguía mirando con desconfianza: desde la izquierda marxista hasta la Juventud Radical hablaban de “Liberación Nacional”. Las autodenominadas “cátedras nacionales” fueron uno de los primeros intentos de poner sobre el tapete discusiones que estaban ausentes de los claustros, en un proceso que culminó con la gestión de Rodolfo Puiggrós (un marxista devenido peronista, todo un símbolo de la época) como Rector de la Universidad de Buenos Aires. Está claro que en ese momento la universidad no sólo acompañó, sino que fue uno de los pilares de este avance de los sectores populares. La ley universitaria aprobada a principios de 1974 es muy aleccionadora respecto de qué concepciones del conocimiento se encontraban en pugna en ese momento. Las discusiones que atravesaban los claustros daban cuenta de la inmensa conciencia que tenían los actores políticos de la inescindibilidad de las discusiones académicas respecto de las políticas más globales, así como también de que cualquier proyecto que se pretendiera transformador en el largo plazo, debía incorporar como tema central del mismo una profunda transformación de la institución universitaria.En este proceso ningún sector acotaba la discusión a la cuestión jurídico-legislativa ni a la estrictamente académica. El debate sobre un nuevo orden implicaba discutir qué universidad debía ser parte constitutiva del mismo, y por consiguiente se pusieron en tela de juicio desde los contenidos hasta las formas pedagógicas, desde conceptos aparentemente asépticos como el de “extensión universitaria” hasta las formas de gobierno. En suma, en un país en el que todo estaba en discusión, la universidad era discutida tanto en lo referente a su rol en el proceso histórico global como en lo concerniente a su funcionamiento interno. Por último, con el retorno democrático de 1983 hubo un avance que se vio reflejado en una amplia participación estudiantil, aunque acotada por las limitaciones políticas e ideológicas de los actores que la encarnaron mayoritariamente. Eso sin lugar a dudas fue un reflejo de las limitaciones que tuvo en su conjunto la reapertura democrática encabezada por el alfonsinismo en tanto que (si bien fue un claro avance en muchos sentidos) legitimó en términos ideológicos el “statu-quo” impuesto a sangre y fuego por la dictadura. En ese sentido, en la Universidad, la validación de los concursos docentes realizados durante el proceso puede servir como metáfora de esa legitimación.

LA UNIVERSIDAD COMO ESCENARIO DE DISPUTA ENTRE DOS PROYECTOS DE PAÍS

Como ya señalamos, asistimos hoy a un momento de retroceso de los sectores oligárquicos y reaccionarios en el conjunto de Latinoamérica. Los gobiernos de Chávez, Kirchner y Tabaré Vazquez e incluso el de Lula, son una clara muestra de que las relaciones de fuerza han cambiado. Pero la historia nos enseña que la contraofensiva de aquellos que quieren que todo siga igual no se hará esperar. Se avecinan momentos duros, de intentos de desestabilización de los gobiernos democráticos, de fuerte polarización de la sociedad. Es previsible entonces que los sectores medios sean visualizados como aquellos que puedan torcer la balanza entre dos proyectos de país antagónicos. Entonces, es previsible que la universidad se transforme en uno de los principales escenarios de disputa. En ese marco, discutir hoy la universidad es una necesidad imperiosa de aquellos que pretendan profundizar un proceso de transformaciones de fondo en nuestra región. Pero esta discusión puede tornarse engañosa y ser funcional a los sectores oligárquicos si se pone el eje de la discusión en cuestiones instrumentales y no se enmarca el debate como parte de discusiones más de fondo respecto de modelos de desarrollo y distribución de los bienes materiales y simbólicos, de autonomía nacional e integración regional, de ampliación de ciudadanía y profundización democrática.La universidad que hoy tenemos es una institución profundamente atravesada por el orden en crisis y sus discursos subsidiarios (llámense estos postmodernidad, neodesarrollismo, cientificismo, reformismo hueco o autonomismo a ultranza). Entonces, pretender modificar la legislación vigente sin cuestionar al mismo tiempo el sentido común de quienes integran la comunidad universitaria es la segura garantía de que en el mediano plazo los sectores populares la tendrán en la vereda de enfrente.Hay que discutir la Ley de Educación Superior. Pero hay que discutirla en el marco de un profundo cuestionamiento a los contenidos y prácticas pedagógicas que imperan en la Universidad, del para qué de la investigación y la extensión, de qué significa la autonomía, de quienes deben integrar el cogobierno, de cuál debe ser la relación entre universidad, estado y sociedad.Estamos ante una oportunidad histórica. En los próximos meses se definirá si la universidad acompañará este momento de avance de los sectores populares, como lo hizo en 1918 o en los 70, o si volverá a formar parte de una nueva “Unión Democrática”.

* Este texto forma parte del artículo UNIVERSIDAD Y PROYECTO TRANSFORMADOR de Horacio Bouchoux, Prosecretario de Relaciones Institucionales de la Facultad de Bellas Artes de la UNLP.

"Universidad y Estado". Escribe Ana Jaramillo, Rectora de la Universidad Nacional de Lanús.

Ya hemos experimentado y padecido muchas veces la confusión que existe entre lo público, lo social y lo colectivo. A menudo los así llamados bienes públicos u organismos públicos han sido de todos y de nadie. Pero también a menudo se ha confundido a la Universidad con un bien colectivo de una determinada comunidad, con una organización no gubernamental, con plena autonomía y con funciones exclusivas para sus miembros. Su aislamiento de la comunidad ha provocado muchas veces el cuestionamiento a la misma como “la república de los profesores” de y para ellos. De y para la comunidad universitaria.
La incuestionable autonomía universitaria, que implica la autonomía de gobierno y la libertad de cátedra va de suyo en una sociedad que ha decidido y conquistado sus instituciones democráticas así como sus libertades y derechos cívicos y por ello respeta su Carta Magna y las garantías por ella establecidas.
Pero dicha autonomía no le puede hacer perder de vista que es todo un pueblo el que aporta los recursos que le permiten cumplir con su función. Los salarios de las autoridades, los docentes y los no docentes los paga el erario público. Los gastos de funcionamiento así como su infraestructura y equipamiento también. Su responsabilidad es frente a la sociedad toda y no sólo para con los miembros de la universidad. Su responsabilidad es social, como la de cualquier organismo público ya que forma parte del Estado. Por lo tanto, su compromiso con la comunidad, con el desarrollo social y regional y con el Estado, debe ser paralelo a su responsabilidad.
Su autonomía no puede significar desentenderse de los problemas que aquejan a la nación. La función de la universidad pública de buscar la excelencia académica de todos y cada uno de sus educandos, de perfeccionar sus cuadros docentes, de capacitar y acreditar a sus estudiantes para el mercado laboral, de realizar investigación científico tecnológica, no es contradictoria, sino complementaria con su responsabilidad pública, social de atender prioritariamente las necesidades del desarrollo nacional y regional, buscando la redistribución del conocimiento y la elevación de la calidad de vida de la comunidad en su conjunto.
La autonomía tampoco exime a los universitarios de hacer el uso más racional posible de los recursos. No sólo porque en materia educativa serán siempre escasos, puesto que la demanda es siempre creciente, sino porque por el contrario, deben estar en condiciones de rendir cuentas a la sociedad del beneficio social del uso de los recursos asignados a las universidades. Las universidades tendrán que poder refrendar ante la sociedad, la legitimidad de la opción estatal en la asignación de recursos para la educación superior frente a otras necesidades sociales perentorias del país.
La universidad es así un bien nacional público, social y colectivo. Como el Estado, debe buscar el bien público. Ello implica poner todos los esfuerzos para contribuir al desarrollo social y regional produciendo conocimientos así como formando mejores ciudadanos para la Nación.

ADULP ante la reforma del Estatuto de la UNLP

Desde fines del año pasado, y sobre el trasfondo de la crisis de la UBA, comenzó a instalarse en nuestra Universidad la discusión sobre la necesidad de proceder a una reforma del Estatuto que nos rige desde 1996. El complejo proceso que comenzó en noviembre, y que desembocó en la irregular Asamblea Universitaria que hace escasos días proclamó la reelección del Presidente de la UNLP, da cuenta acabadamente de que resulta imperioso abordar seria y comprometidamente este debate, y avanzar en un cambio sustantivo de la norma que rige la vida interna de esta Universidad.

La actual etapa política que atraviesa nuestro país se presenta como una oportunidad para promover colectivamente las profundas transformaciones que requiere el objetivo mayoritario de construir una sociedad que asegure a todos las condiciones necesarias para una vida digna. Se ha abierto, en Argentina y en América Latina, un nuevo horizonte que nos convoca a ser partícipes de los desafíos que propone. Esta oportunidad, que ha sido duramente lograda y que ha costado largos años de lucha de los sectores organizados en la resistencia a los efectos de políticas antipopulares, también representa un desafío para una Universidad en la que el programa neoliberal ha dejado su impronta. La implementación del Programa de Incentivos significó la expansión de criterios cuantitativistas y productivistas en la evaluación de una actividad académica que profundizó su dependencia respecto de la lógica impuesta por los circuitos hegemónicos de producción del saber. Efectos similares tuvo, en esos años, el recurso a fuentes externas de financiamientos como el FOMEC, que generaron una proliferación de proyectos de investigación orientados por intereses académicos particulares, desvinculados de toda definición de objetivos comunes que priorizara la consideración de las necesidades sociales. Estos programas, que fortalecieron además el poder político interno de algunos sectores académicos en cuyas manos fue depositada la gestión y administración de los mismos, tenían como contrapartida la obligación de adaptar programas, carreras y proyectos institucionales a una serie de pautas propuestas por los organismos internacionales que en esos años impulsaron reformas similares en toda Latinoamérica. La reducción de las carreras de grado, el arancelamiento de los posgrados, la institución de un régimen de evaluación y acreditación de las carreras en base a criterios impuestos sin una discusión democrática sobre su pertinencia, son algunos de los resultados del avance que – sobre la base extorsiva de una situación de recorte presupuestario – lograron las políticas neoliberales en la Universidad, a lo largo de la década del ’90.

Aún cuando en cierta medida estas reformas y mecanismos hayan sido parcialmente aceptados en virtud de una suerte de estrategia de supervivencia de las casas de estudios y de sus integrantes, es preciso señalar que algunos sectores universitarios propiciaron decididamente esta reconversión del nivel superior del sistema educativo y del sistema nacional de investigación, que tendió a adecuar su dinámica a los requerimientos de un orden social deliberadamente diseñado para asegurar el beneficio de una minoría privilegiada. La Universidad que tenemos es, en general, resultado de la variable correlación de fuerzas entre los sectores que promovieron siempre la elitización de la educación superior y la sujeción de la actividad académica a los estándares de excelencia y a los criterios de pertinencia instituidos desde los centros de poder (económico, político, científico), y aquellos que hemos defendido permanentemente la concepción de que la Universidad, en tanto institución pública, debe contribuir activamente en el proceso de democratización general de la sociedad, comprometiendo su quehacer con las necesidades de la mayoría, asumiendo un rol fundamental en el desarrollo de un proyecto que afirme la autonomía nacional en el marco de una integración solidaria con los pueblos latinoamericanos, y recuperando, en la producción académica del conocimiento, la experiencia histórica y el saber popular.

Estos motivos, que fundaron en años pasados la resistencia a la pretensión de adecuar las Universidades a un proyecto de exclusión social, deben hoy traducirse en una acción profundamente transformadora de las instituciones y políticas universitarias. No podemos proponernos involucrar a la Universidad en el proceso de construcción colectiva de las condiciones que permitan avanzar hacia una sociedad igualitaria, si no impulsamos los cambios necesarios para asegurar un funcionamiento democrático de la misma. Sólo bajo la condición de una Universidad reformulada en estos términos en su sentido y sus objetivos, será posible establecer un vínculo sustentable, no ocasional, entre la actividad universitaria y el esfuerzo de amplios sectores de la población por mejorar sus condiciones de vida; constituir un quehacer universitario que contribuya a producir soluciones creativas que den respuesta a las necesidades populares, y que permitan proyectar políticas públicas orientadas a promover un crecimiento con equidad social que asegure en el futuro un bienestar integral para todos.

Es por ello que entendemos que una reforma del Estatuto de la UNLP debería proponerse, sobre la base del consenso más amplio posible, sentar las bases sobre las cuales podamos aspirar a refundar la relación entre la Universidad y la sociedad en términos que otorguen legitimidad democrática a la institución y a las actividades que en ella se llevan a cabo. En esa perspectiva, consideramos que los puntos centrales a ser debatidos por la totalidad de los integrantes de la UNLP, en una primer etapa de una discusión que entendemos no debe cerrarse en la Asamblea del 13, son aquellos que atañen a una redefinición de sus funciones esenciales (docencia, investigación y extensión), así como las disposiciones relativas al gobierno de la Universidad, los mecanismos de elección de autoridades y las formas de representación.

En primer término, consideramos que la UNLP debe discutir en profundidad el rol que compete asumir a las Universidades – en tanto instituciones públicas - en el proceso general de construcción colectiva de las condiciones que supone una mejora sustantiva en las condiciones de vida de la población. Es necesario que el debate al que nos convocamos proyecte las reformas institucionales sobre el horizonte de un conjunto de definiciones políticas que orienten la actividad de la Universidad.

En este marco, será preciso determinar en qué orientaciones prácticas y a través de que regulaciones institucionales se traduce la pretensión de que la tarea de docencia e investigación que se realiza en la Universidad constituye efectivamente un bien social. Será necesario, además, redefinir el carácter que se asigna a la llamada extensión universitaria, que no puede ser una actividad marginal y subsidiaria, o concebida como una vía de obtención de recursos a través de los servicios a terceros. Ésta - como un vector fundamental en la organización de la actividad general de la Universidad y en la determinación de su modo de vinculación con el entorno social y productivo - tiene que ser re-jerarquizada como un aspecto de la actividad académica, concebida en una perspectiva integral junto a la docencia y la investigación. Habrá que establecer, además, articulaciones precisas con el sistema educativo general y con las políticas científico-tecnológicas del Estado, con el sistema público de salud, con la problemática del trabajo, de la reconstrucción del aparato productivo y las nuevas experiencias de la autogestión, con las instituciones de defensa de los derechos humanos, las necesidades y posibilidades del desarrollo regional y local, etc. Entre otras posibilidades, favorecería a la consecución de este objetivo la constitución de Consejos consultivos que den participación a una diversidad de sectores sociales en la evaluación de necesidades, discusión de prioridades y elaboración de propuestas para la Universidad.


Evidentemente, no es posible promover una revisión de esta índole en la definición de objetivos y en el diseño de políticas institucionales para la Universidad, sin avanzar al mismo tiempo en la modificación de las estructuras del co-gobierno, con vistas a generar procedimientos deliberativos y resolutivos acordes a una dinámica democrática que debería extenderse a todos los ámbitos de la vida universitaria.

Para comenzar: hace ya muchos años que la práctica de la elección indirecta se ha convertido en un anacronismo en el escenario político nacional; sin embargo, nuestra Universidad ha perpetuado – a diferencia de numerosas casas de estudios del interior – la vigencia de un dispositivo que profundiza en vastos sectores de la vida universitaria la enajenación de la política, y que redunda en un déficit de legitimidad democrática para cualquier fórmula de gobierno de la institución. Por ello, entendemos que debería sustituirse el actual mecanismo de elección de las autoridades que desempeñan los principales cargos ejecutivos: el Presidente y el Vice-Presidente de la Universidad, los Decanos y Vice-Decanos de las Facultades, tienen que resultar de una elección directa y ponderada en la que participen los docentes, los no-docentes y los estudiantes. Este procedimiento – que ofrece mejores condiciones para una ampliación de la participación de los universitarios en la conformación y el debate de proyectos colectivos alternativos - es el medio más adecuado para que el resultado de la elección pueda expresar la opinión del conjunto de los miembros de la Universidad. Los candidatos, por otra parte, se verían obligados a presentar ante la “ciudadanía universitaria” los programas y equipos de trabajo que, que en las actuales condiciones normalmente sólo conocen – si es que existen – aquellos que forman parte de los grupos más activos en la política interna de la Universidad y quienes integran los cuerpos de electores.

Un requisito complementario de la institución del mecanismo de la elección directa y ponderada, tendiente también a la democratización de la dinámica política de la Universidad, es el reconocimiento de la ciudadanía universitaria a todos los docentes interinos que desempeñen su tarea con un mínimo de dos años de antigüedad. La restricción de la ciudadanía a los docentes ordinarios es a todas luces injusta y discriminatoria, cuando no existe – en términos generales – regularidad y una periodicidad adecuada en los llamados a concurso, ni carrera docente generalizada. Los interinos son, en la actualidad, víctimas de un cercenamiento de sus derechos políticos en la Universidad, en virtud de una situación ajena a su voluntad.

Una solución integral al problema de la actual distorsión en la conformación de la representación de los docentes en el co-gobierno requeriría, además, la constitución de un claustro único docente integrado por profesores y auxiliares. Injustificadamente, hoy la Universidad establece una diferencia de representación y por tanto de poder en la toma de decisiones en función de las tareas docentes que se desarrollan en su seno. Los docentes que revistan en el claustro de graduados, que representan más del 60% de los docentes de nuestra universidad, sólo tiene un representante en los consejos Académicos y uno durante la mitad del período en el HCS. Por otra parte, En las actuales condiciones, la imposibilidad de incorporarse al claustro de profesores en razón de su condición de interinos obliga a muchos docentes que de hecho pertenecen al claustro de profesores a permanecer como miembros del claustro de graduados. Esto conduce a una situación en la que, finalmente, los docentes auxiliares y los interinos en general se encuentran sub-representados, formando parte de un claustro que incluye también a los graduados que, sin tener relación de dependencia laboral con la Universidad, asumen, en obligada alternancia con aquellos que cumplen funciones docentes, la representación del conjunto. Son los llamados “graduados puros” quienes deberían constituir el claustro de graduados, con una participación minoritaria en los cuerpos colegiados de la Universidad, o bien con una participación limitada a los Consejos consultivos que tendrían que instituirse.

Los docentes de los niveles pre-universitarios, asimismo, también tienen que poder participar con plenos derechos del gobierno de la Universidad, y de los procesos electorales que lo instituyen; de modo que es preciso que se tomen las medidas necesarias para otorgarles el reconocimiento de la ciudadanía universitaria, y para establecer su adecuada representación en el Consejo Superior de la UNLP.
Los trabajadores no-docentes, por su parte, también deben tener la ciudadanía plena, con el consecuente derecho a elegir y ser elegidos, y a integrar con sus representantes los cuerpos colegiados de la Universidad y las Facultades. Evidentemente, estos cambios en la conformación de los claustros y en la extensión de la ciudadanía, supondrían una modificación en la composición de los Consejos, que deberían constituirse con una representación proporcional al coeficiente de ponderación que se establezca para la elección directa.

El anacronismo que advertíamos en la persistencia de la elección de las autoridades de la UNLP y de las Facultades a través de Colegios Electorales, es manifiesto también en la ausencia de procedimientos instituidos para permitir el ejercicio de la democracia directa en algunos ámbitos de la vida política de la Universidad. Consideramos que la UNLP debería establecer y reglamentar las instancias de la iniciativa ciudadana, las audiencias públicas y el presupuesto participativo. Vale decir, mecanismos que permitan que los miembros de la Universidad presenten propuestas que deban ser consideradas en los Consejos Superior y Académicos, soliciten la discusión pública de temas relevantes para cuya resolución se requiere lograr consensos explícitos, e intervengan en el debate y la determinación de criterios y prioridades para la distribución presupuestaria.

Otro capítulo fundamental en la discusión del nuevo Estatuto de la UNLP es el que concierne a las condiciones del trabajo docente. Entendemos que la UNLP debe asumir como responsabilidad de la institución la formación de posgrado y, en general, el perfeccionamiento de los docentes que trabajan en ella, lo cual supone no sólo la generación de políticas activas para la promoción e implementación de instancias de capacitación, sino la garantía de gratuidad de las mismas para los trabajadores de la Universidad. Está pendiente en la UNLP, además, un debate sobre la reglamentación de la carrera docente, como forma de asegurar la estabilidad y promoción de aquellos docentes que demuestren aptitud para la continuidad en sus cargos, a través de mecanismos periódicos y transparentes de calificación que deberían articularse adecuadamente con los concursos públicos de oposición y antecedentes.

Finalmente, y para concluir esta propuesta inicial de un conjunto de ideas para el debate, consideramos imprescindible que el Estatuto de la UNLP defina con claridad que en ella no podrán cumplir ningún tipo de funciones aquellas personas que hayan sido procesadas – o sobre las cuales recaigan denuncias fundadas – por violaciones a los derechos humanos.