“Nuestro compromiso es que el debate sea sobre todo el 2007 y que, para fines de año, alejado de la fecha electoral, podamos presentar un proyecto, resultado del consenso de todas las universidades”, dijo Daniel Filmus. Si bien el cambio es pedido por la mayoría de las organizaciones universitarias, la propuesta oficial de reformar la LES tendrá que enfrentar reclamos de una pronunciada transformación: por empezar, amplios sectores exigen no la reforma sino, directamente, la derogación del marco legal vigente. Atravesada por principios neoliberales y reglamentaristas como la posibilidad de arancelar, fijar cupos de ingreso y los avances sobre la autonomía de cada institución, la vigente Ley de Educación Superior fue resistida desde su sanción en 1995 por la mayoría de la comunidad académica. Tanto el ministro Filmus como el secretario de Políticas Universitarias (SPU), Alberto Dibbern, han ratificado la postura oficial de reformarla: “Vamos a pedirles a todas las universidades que debatan, discutan y presenten su proyecto para cambiar la ley”, aseguró Filmus, para quien la LES es “la única legislación que queda pendiente para reformular respecto de las perspectivas de la década del ’90”. De hecho, por encargo de la cartera educativa, ya hay un documento con propuestas elaborado por Juan Carlos Pugliese, ex titular de la SPU. Los ejes del documento plantean rediseñar la relación entre las universidades y el Estado en función de un proyecto nacional, garantizar la gratuidad de los estudios de grado, profundizar la autonomía universitaria pero bajo evaluación, mejorar la organización del sistema y su articulación del resto de los niveles educativos, en especial con la escuela media, y modificar la integración de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau), entre otros puntos.