martes, 28 de abril de 2009
Kirchner, Clarín y la Ley de Radiodifusión
Por Damian Toschi
Lic. Comunicación Social (UNLP)
El gobierno nacional, entendiendo que constituye una “vieja deuda de la democracia”, puso en el tapete la discusión sobre una nueva ley de radiodifusión. El anteproyecto oficial de Servicios de Comunicación Audiovisual, debatido por estas horas en múltiples foros a lo largo y ancho del país, tiene por objeto reemplazar la dictatorial ley 22.285 que lleva la firma de Videla y está vigente desde 1980.
Coincidiendo en la imperiosa necesidad ética, moral, ideológica y legal de contar con un nuevo articulado que regule la actividad de los medios de comunicación, se adecué a los cambios tecnológicos y los desafíos de las telecomunicaciones en pleno siglo XXI y garantice la libertad de prensa y expresión, es necesario hacer algunas consideraciones.
En primer lugar, la problemática sobre el rol de los medios y el Estado se da en un contexto político signado por elementos extremadamente influyentes: el sobreactuado enfrentamiento entre el Grupo Clarín y la Casa Rosada y la contienda electoral del 28 de junio. Para entender el primer punto hay que ir hacia atrás.
Tras la negativa del gobierno de Raúl Alfonsín, en 1989, Carlos Menem derogó el artículo 45 de la Ley de Radiodifusión, abriendo paso a la formación de los multimedios tal como los conocemos hoy.
En 2002, durante su presidencia provisional, Eduardo Duhalde benefició a Clarín con la pesificación de sus deudas y la sanción de la “Ley de Bienes Culturales”. En 2005, Néstor Kirchner, a través del decreto 527, extendió por 10 años las licencias a los medios, avalando con su firma los monopolios informativos.
En consecuencia, hay razones para pensar que el gobierno utiliza la futura ley como elemento de presión política. Esto se debe, sin duda alguna, a la posición asumida por la empresa en el marco del conflicto agropecuario. Del mismo modo, el holding de Ernestina Noble se vale de la información para cargar abiertamente contra el poder central y cristalizar así su posición editorial.
Sin embargo, teniendo en cuenta la lógica de acumulación de poder y la historia de los contendientes, no resulta descabellado pensar que la futura ley, más allá del las arengas parlamentarias y las modificaciones que logre introducir la oposición al proyecto del Ejecutivo, reflejará un pacto entre las partes.
Sin dejar de reconocer el saludable choque de intereses que esta circunstancia genera, debatir cuestiones medulares y de largo aliento en tiempos electorales, lejos de garantizar un marco de distensión y no especulación de los actores en disputa, transforma la discusión en una riña mezquina y electoralista.
En cuanto al sistema de medios en particular, la nueva ley no debe abordarse de manera aislada. Para potenciar su capacidad regulatoria y garantizar el derecho humano universal de recibir, difundir e investigar informaciones y opiniones, tal cual lo establece la Convención Americana de Derechos Humanos, la iniciativa debe ir acompañada de una serie normas complementarias: la Ley de Pauta Oficial y la de Acceso a la Información.
Sólo así se dotará a la sociedad y a los medios de comunicación de un plexo normativo integral. Por otra parte, el proyecto oficial, si bien tiene elementos positivos, presenta falencias significativas. Desde el punto de vista de la técnica legislativa, es excesivamente extenso – 146 artículos – y, en ocasiones, plantea meras expresiones de deseo.
Al mismo tiempo, contiene disposiciones cuestionables: la creación, conforme al artículo 10, de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual en la órbita de la Secretaria de Medios de la Nación, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Este hecho, sumado a que tres de los cinco miembros del directorio del ente serán designados directamente por el Poder Ejecutivo - Artículo 14 - , deja en claro el férreo control gubernamental sobre un organismo que debe gozar de autarquía.
El artículo 18, en tanto, crea la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual. Este cuerpo legislativo, de carácter permanente, no tiene capacidad o facultades de control sobre la Autoridad Federal.
En cuanto a las licencias, se establece que las mismas serán aprobadas por el Poder Ejecutivo Nacional – Artículo 29 - y la renovación será cada dos años basándose en criterios de “Idoneidad, experiencia y arraigo, exclusivamente” del solicitante, pero no indica cuáles son los parámetros que se utilizarán para medir dichos requisitos.
Así las cosas, Kirchner, Clarín y la coyuntura se entrelazan y no permiten ver con claridad los alcances y consecuencias de una ley fundamental que, como tal, no puede ni debe ser la resultante de una disputa circunstancial entre el gobierno y un medio de comunicación.
miércoles, 8 de abril de 2009
"Tenemos libertad pero nos falta igualdad” Por Raúl Alfonsín
Por: Raúl Alfonsín, ex presidente de la Nación Especial para CIPPECEC
10 de diciembre de 1983, en mi primer mensaje ante el Congreso de la Nación como Presidente convoqué a todos los argentinos a una tarea común para constituir la unión nacional.
En un país como la Argentina, donde se sucedieron las dictaduras por más de medio siglo, que venía de sufrir violaciones masivas a los derechos humanos por obra de la acción del propio Estado, el pensamiento autoritario y la anomia colectiva habían echado raíces muy profundas.
Se trataba entonces de reforzar la valoración social sobre la importancia de los derechos humanos, del respeto al Estado de Derecho, de la tolerancia ideológica.
La política implica diferencias, existencia de adversarios políticos, esto es totalmente cierto. Pero la política no es solamente conflicto, también es construcción. Y la democracia necesita más especialistas en el arte de la asociación política.
Los partidos políticos son excelentes mediadores entre la sociedad, los intereses sectoriales y el Estado y desde esa perspectiva hemos señalado que lo que más nos preocupa es el debilitamiento de los partidos políticos y la dificultad para construir un sistema de partidos moderno que permita sostener consensos básicos. No será posible resistir la cantidad de presiones que estamos sufriendo y sufriremos, si no hay una generalizada voluntad nacional al servicio de lo que debieran ser las más importantes políticas de Estado expresada en la existencia de partidos políticos claros y distintos, renovados y fuertes, representativos de las corrientes de opinión que se expresan en nuestra sociedad.
El proceso de democratización en Latinoamérica iniciado hace ya más de dos décadas ha sido muy beneficioso porque liberó a los pueblos de tiranías intolerantes y arbitrarias. No podemos dejar de reconocer que la libertad conquistada ha sido uno de los grandes logros obtenidos a fines del siglo pasado.
Hemos progresado, y es importante reconocerlo. Pero también es ineludible que nos preguntemos: este progreso ¿a quiénes benefició, a cuántos alcanzó? Reservado para una minoría de grandes empresarios, terratenientes y grupos monopólicos este progreso no alcanzó a más de dos tercios de la población de Latinoamérica, inmersa en la desesperación del hambre, la falta de educación, de salud y de vivienda.
En condiciones de marginación que nunca habíamos imaginado millones de habitantes de nuestros países carecen de los más elementales derechos humanos. Hoy, es duro decirlo, la libertad es un beneficio del que disfrutamos los que no tenemos hambre, los que podemos enviar a nuestros hijos a las escuelas y universidades, los que podemos dormir en una casa sin temor al frío o la lluvia. Siempre repito que la democracia sólo puede construirse con hombres democráticos, y que es absurdo formar ciudadanos democráticos cuando están sumidos en la desesperación.
No podemos, pues, contentarnos con haber obtenido el derecho al libre sufragio y el respeto a la libertad de expresión, antes negada por las dictaduras militares. No alcanzan esas valiosas conquistas para tranquilizar nuestras conciencias personales. ¿Cómo abordar, entonces, un problema tan complejo?
Por lo pronto, creo que es necesario encarar políticas públicas en forma mancomunada entre los países de la región para combatir el flagelo de la pobreza, puesto que difícilmente una Nación pueda, por sí sola, alcanzar la equidad si está rodeada por Naciones hermanas sumidas en la miseria.
Democracia es vigencia de la libertad y los derechos pero también existencia de igualdad de oportunidades y distribución equitativa de la riqueza, los beneficios y las cargas sociales: tenemos libertad pero nos falta la igualdad.
Tenemos una democracia real, tangible, pero coja e incompleta y, por lo tanto, insatisfactoria: es una democracia que no ha cumplido aun con algunos de sus principios fundamentales, que no ha construido aun un piso sólido que albergue e incluya a los desamparados y excluidos.
Y no ha podido, tampoco aun, a través del tiempo y de distintos gobiernos, construir puentes firmes que atraviesen la dramática fractura social provocada por la aplicación e imposición de modelos socioeconómicos insolidarios y políticas regresivas.Aspiro a que poco a poco vayamos encontrando la senda que nos lleve a construir una Nación en donde la equidad sea un valor tan sagrado, tan fundamental, como la misma libertad.
*El artículo fue publicado en: Agenda pública a 25 años de democracia, una publicación de CIPPEC de diciembre de 2008.
La nota también fue distribuida entre la gente que se acercó al Congreso de la Nación a despedir los restos de Raúl Alfonsín.
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