Medios y fines - Por Diego Pérez *

El gobierno nacional decidió relanzar el debate sobre la ley de radiodifusión. El proyecto de ley será enviado al Congreso en las próximas semanas. Aquí se presentan dos opiniones complementarias que apuntan a cuestiones que deben tenerse en cuenta en la discusión sobre la nueva norma.

Los últimos acontecimientos políticos de la Argentina lo confirman una vez más: los medios de comunicación en esta etapa de la sociedad han quebrado definitivamente el sistema de representación en el que estaba asentada la acción política, tal cual la hemos conocido desde los clásicos hasta no hace mucho tiempo.

El poder político-institucional en este contexto se torna extremadamente volátil y efímero, sujeto a las mediciones del minuto a minuto, mientras que los medios masivos de comunicación –y en especial la televisión– adquieren un enorme peso simbólico y efectivo a la hora de construir los escenarios cotidianos basados en la firme práctica del mercadeo.

Para intentar contrarrestar, o supuestamente poner de su lado, a los medios privados, los gobiernos continúan pactando, haciendo concesiones o tratando de cooptarlos con jugosas pautas publicitarias. Esta política, dictada por la supuesta conveniencia, la connivencia o por el miedo, ha implicado siempre dejar de ejercer la potestad del Estado de abrir el espacio público al conjunto de la sociedad. Ya no sólo se trata de la libertad de formar empresas editoriales o de prensa, esto es una condición necesaria pero no suficiente para una democracia real. Se trata de no entregar la convivencia de la sociedad al mercado.

Los medios tienen sus propios parlamentos, sus propios discursos políticos, sus propios líderes de opinión y sus propias tribunas. ¿Está mal que así sea? De ninguna manera. Lo que es absolutamente inverosímil es que cualquier gobierno popular que aspira a representar el interés colectivo de manera democrática no construya en el Estado un sistema de medios públicos muy fuerte. ¿Qué tan fuerte? Tan fuerte como un Parlamento democrático y plural, tan fuerte como una Justicia independiente, tan fuerte como una economía sólida y distributiva. Pero ¡atención!, hoy ya no se puede construir un Parlamento sólido, una Justicia independiente y una economía social sin contar con las voces plurales de las mayorías (y minorías) no moduladas por los medios del mercado. Este debate, el del fortalecimiento de los medios públicos –juntamente con una nueva ley de radiodifusión– es el que se debe profundizar hoy en la Argentina y no –a mi juicio– un innecesario observatorio de medios, de opacas funciones.

Cualquier gobierno legítimo y popular, que aspire a gobernar a un país tan diverso, a una sociedad tan compleja como la Argentina, necesita construir un Estado democrático y eficaz. Esto implica una red de medios públicos altamente calificada, con los mejores profesionales y con una tecnología adecuada (el canal Encuentro es una excelente muestra de que esto es posible aunque en otra escala y tareas). Pero por sobre todas las cuestiones necesita un sistema de medios públicos que no esté al servicio de un gobierno en particular. Un sistema administrado por consenso entre sectores sociales, profesionales del periodismo, de la comunicación, de las artes, de las organizaciones no gubernamentales, las universidades, el Parlamento, etcétera.
Un sistema que capacite y promueva nuevas formas de comunicación, que salga a disputar la agenda con los demás actores privados en el escenario social.

No podríamos pensar un Estado democrático si los diputados y senadores fueran elegidos por ser representantes de empresas o grupos económicos o los jueces fueran electos por su éxito en los negocios. ¿Por qué debemos pensar que los directivos y dueños de los medios de comunicación privados deberían ser los garantes de una comunicación democrática y plural?¿No les estaremos pidiendo demasiado?

Un Estado ausente en esta materia significa –como ha pasado con la educación, los transportes, la energía, la salud en la década de los ’90– dejar en manos del “mercado” el escenario de la convivencia de un país, o lo que es lo mismo, un acta de defunción de la democracia social y una ayuda invalorable para los que pregonan una democracia a control remoto.

* Periodista. Maestrando UNLP/Unpsjb
Fuente: Página/ 12.

“Gobierno” no se opone a “campo”. Por Raúl Barreiros *

El cuadro semiótico es la estructura de la significación. Se funda en la negación y la aserción, y muestra la relación de presupuesto recíproca que los términos de un mismo eje semántico mantienen, no en su esencia, sino en las relaciones que contraen: “masculino” sólo tiene sentido en relación con “femenino” y recíprocamente.

Veamos un ejemplo de opuestos perfectos: “masculino” es negado y obtenemos “no masculino”, que da por relación “femenino”; si a su vez “femenino” es negado obtenemos “no femenino”, que da por relación “masculino”.

La oposición “campo” vs. “gobierno” le pone nombre al conflicto que, narrado a través de los medios, agitó los ánimos bucólicos y revela su error ya que junta dos elementos que no se oponen: “campo” no se opone a “gobierno”. Por lo tanto, o señala un conflicto que no existe o que una de las partes se esconde detrás de un nombre que no le pertenece.

Por medio del cuadro semiótico, la “ciudad” se nos presenta como la verdadera oposición de “campo”, como dos lugares que tienen historia aquí (la frase “la ciudad y el campo” abre 12.500.000 de sitios en Google). Al negar “campo” obtenemos “no campo” y por relación da “ciudad”, cuya negación, “no ciudad”, por relación da “campo”.

En la palabra “campo”, su territorio semántico y su imaginario contienen otros significados asociados por la cultura: naturaleza, ingenuidad, sencillez y sabiduría. A la “ciudad”, que es el lugar donde está el “gobierno”, le corresponden estos otros significados: artificialidad, astucia, complejidad y educación. Y, por contigüidad geográfica y metonímica, a los gobiernos también.

El término “actante” designa al participante (persona, animal o cosa) en una narración. En este caso, el actante “campo”, máscara de grupo económico- agrícola, ha representado su disfraz a la perfección, se ha arrogado la representación de la ingenuidad: “Nosotros no entendemos de leyes”. De la sencillez: “Esto es fácil, no lo quieren ver”. Y de la sabiduría: “Si deciden otra cosa, está mal”.

Los gobiernos progresistas proceden sin agilidad ante los conflictos, pues están atados a ciertos protocolos de legalidad que los medios se obstinan en llamar burocracia. Esto es porque nunca se permiten coincidir con los que gobiernan, dado que el mote de “oficialista” causa tal grima y escozor que debiera ser tomado por el opuesto perfecto de “periodista”. El sambenito de “oficialista” rompe un cierto maquillaje “independentista”, lo cual produce un grado de estupidez importante en la prensa que no quiere, ni por error, coincidir con el Gobierno. No actúa del mismo modo con los grupos económicos siempre que pueda esconderlos tras el colectivo “gente”: “la ‘gente’ cortó las rutas”.

Al término “gobierno” es sencillo hallarle un antagonista ya que el pertinente es “la oposición” (de otros partidos políticos), pero aquí no aparecieron institucionalmente los partidos políticos ni los grupos económicos, atrincherados e invisibles detrás de la palabra “campo”, hasta que el problema llegó al Congreso. Los gobiernos soportan la oposición de grupos de poder, que no es igual a la de los partidos políticos; a veces puede ser un sindicato –un grupo de trabajadores que hacen huelga– a los que los partidos políticos les escapan, o un grupo de empresarios –que hacen piquetes, como en este caso– a los que hacen cola para representar. Las otras clasificaciones que hicieron los medios, como paro o lockout, son incorrectas toda vez que el “campo” cuando ocupó las rutas no detuvo la producción, como corresponde a un paro, ni cerró sus establecimientos dejando a sus trabajadores afuera de ellos (tal es el sentido de lockout). Por lo tanto, estamos ante un sector empresario que, como el Gobierno, tiene una meta: disponer de más recursos para sus intereses. Existe un objeto (aquello que el sujeto pretende), los recursos, por el cual pelean los actantes, que –según sus propios objetivos declarados– los usarían, en el caso del “campo” (grupo económico agrícola) para provecho personal –argumento racional– y no arruinarse –argumento dramático–; y en el caso del oponente “gobierno”, para construir hospitales –argumento dramático–, o para atender lo que el Estado demande –argumento racional–, pero lo que no hace es usarlo en su provecho personal.

* Investigador en medios masivos en UNLP, UNLZ, IUNA y San Andrés.
Fuente: Página/ 12